La Policía Nacional de Colombia confirmó la extradición del ciudadano cubano-mexicano Cristóbal Fernández Viamonte, señalado como el máximo cabecilla de una red criminal dedicada a la captación de mujeres en varias ciudades del país con fines de explotación sexual. El individuo era requerido por el Juez del Circuito Especializado del Estado de Yucatán por el delito de trata de personas.
Las víctimas, en su mayoría mujeres en situación de vulnerabilidad y con escasos recursos, eran reclutadas en Cali, Medellín y Bogotá bajo falsas promesas laborales. Posteriormente, eran trasladadas a Cancún y Mérida, donde les confiscaban sus pasaportes y las forzaban a firmar contratos fraudulentos que las sometían a deudas impagables.
De acuerdo con la Policía Federal de México, Fernández Viamonte no solo retenía la documentación de mujeres de distintas nacionalidades, sino que también las coaccionaba para ejercer la prostitución como forma de “pagar” la supuesta deuda generada por su traslado.
El acusado fue arrestado en julio del año pasado en Medellín, ciudad a la que habría ingresado hace cuatro años. Durante su estadía en Colombia, se presentaba como un empresario exitoso, residía en una mansión en el barrio El Poblado y se movilizaba en vehículos blindados con un esquema de seguridad privado.
Según la Interpol, la red de trata operaba con un alto grado de sofisticación. Los traficantes utilizaban cartas de invitación falsas para facilitar el paso de las víctimas por los controles migratorios y ofrecían pagos a reclutadores en Colombia. Además, ocultaban sus operaciones mediante reservas en hoteles y casas de seguridad en México.
De forma simultánea a la captura de Fernández Viamonte, agentes de Interpol México arrestaron en Mérida, Yucatán, a alias “La Capitana”, encargada de recibir a las víctimas en territorio mexicano. Durante el operativo, ocho mujeres fueron rescatadas.
El impacto de esta red de trata ha sido significativo en el tráfico de personas entre Sudamérica y México. Se estima que Fernández Viamonte acumuló un patrimonio ilícito superior a 8.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente 2 millones de dólares) a través de sus actividades delictivas.
La extradición del acusado se concretó el 21 de marzo de 2025, como resultado de una operación conjunta entre la Policía Nacional de Colombia y la Policía Federal de México. El proceso de captura y traslado fue producto de una investigación de más de 90 días, en la que intervinieron las autoridades de ambos países.
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“La entrega de este individuo a las autoridades mexicanas ratifica que la cooperación internacional es fundamental para perseguir al crimen organizado transnacional”, declaró el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana.
Paola Martínez Burgos