Extorsión en Colombia creció un 20,5% en los últimos cuatro años: Defensoría del Pueblo

La actual problemática de extorsión en Colombia tiene un impacto significativo en la seguridad ciudadana, motivo por el cual la Defensoría del Pueblo insta a las autoridades gubernamentales a trabajar en la implementación de medidas efectivas para combatir este delito.

Según las estadísticas del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO), durante el año 2020 se reportaron 8,188 casos de extorsión, cifra que ascendió a 8,342 en 2021, 9,791 en 2022 y 9,871 en 2023. Este aumento constante revela un incremento del 20,5% en la incidencia del delito en los últimos cuatro años. Los departamentos más afectados por denuncias de extorsión fueron Cundinamarca (1,827), Antioquia (1,725), Atlántico (1,227), Valle del Cauca (1,010) y Norte de Santander (525 casos). Es imperativo abordar esta creciente problemática mediante estrategias efectivas y coordinadas.

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, aseguró que aunque las denuncias instauradas por la ciudadanía afectada dan cuenta de que las extorsiones provienen de grupos ilegales organizados y bandas criminales, el sistema penitenciario y carcelario no es ajeno a la ocurrencia del ilícito, desde donde los internos, a través de llamadas de celular, extorsionan.

Además, algunos directores de los establecimientos carcelarios y funcionarios del INPEC están siendo amenazados por la población privada de la libertad, como ha venido ocurriendo en la cárcel de Tuluá, en el Valle del Cauca, en las penitenciarías de Palogordo y Modelo, en Santander, pero también en otros centros.

“Si bien valoramos la ‘Operación Dominó’, liderada por el Inpec, se requiere un mayor esfuerzo presupuestal del Gobierno Nacional para que haya una modernización del sistema penitenciario en tecnología de punta 4G o 5G, sobre todo porque, además de que hay pocos inhibidores de señal de dispositivos móviles en las cárceles, los que existen tienen tecnología obsoleta 2.5G”, indica el Defensor del Pueblo.

El funcionario también destacó que de los 125 establecimientos de reclusión del orden nacional a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), únicamente en 16 ha sido instalado el sistema de inhibición de señal, sin embargo, de ellos solo en seis funcionan los inhibidores y con tecnología 2.5G.

“Combatir ese delito requiere una actuación conjunta y coordinada desde las diferentes instituciones del Estado, es por ello que solicitamos una mayor articulación entre los ministerios de Justicia, Defensa y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de que implementen con urgencia planes efectivos, idóneos y eficaces para contrarrestar los casos de extorsión y amenazas que se han presentado en las cárceles colombianas”, es el otro llamado de Carlos Camargo Assis.

Además, la institución también hizo un llamado al Inpec a consolidar convenios con las empresas operadoras del servicio de telefonía celular. El fin es permitir generar mecanismos de prevención, como la identificación en los equipos de comunicación de los ciudadanos de las llamadas de celular que sean realizadas desde los establecimientos penitenciarios y carcelarios.

Paola Martínez