¿Cómo debería manejarse la relación entre seguridad y derechos humanos en contextos como el de las cárceles y zonas de conflicto?
En el contexto de las próximas elecciones presidenciales para el periodo 2026-2030, Mauricio Lizcano, exministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), y Ángela María Buitrago, ministra de Justicia, han protagonizado un enfrentamiento público sobre la implementación de un software para combatir la extorsión desde las cárceles. Este debate ha puesto en el centro de la discusión la seguridad ciudadana y el uso de la tecnología como herramienta para enfrentar el crimen organizado.
Lizcano, quien anunció este miércoles su candidatura, afirmó en el programa Sin anestesia que el 58 % de las extorsiones en Colombia provienen de centros penitenciarios. Según el precandidato, la solución radica en un software que bloquearía las señales salientes de los teléfonos móviles en las cárceles, sistema que —según él— ya se utiliza en países como Costa Rica, Alemania y Estados Unidos. “No bloqueadores de señal, eso no sirve; el software ya existe, solo había que implementarlo”, declaró Lizcano, criticando al Ministerio de Justicia por no adoptar esta tecnología y por priorizar los derechos de los presos sobre la seguridad ciudadana.
Por su parte, la ministra Buitrago desmintió las declaraciones de Lizcano en entrevistas con medios nacionales, asegurando que las pruebas realizadas al software en Costa Rica demostraron que no era funcional. “Las pruebas nos mostraron que ese bendito software no funcionaba”, afirmó la ministra, quien también cuestionó la cifra presentada por Lizcano, señalando que el porcentaje real de extorsiones provenientes de las cárceles es del 28 %, no del 58 %. Además, Buitrago destacó que Lizcano no presentó cotizaciones ni pilotos del software, lo que dificultó cualquier avance en su implementación.
El debate se intensificó con acusaciones mutuas. Lizcano sostiene que su propuesta fue rechazada injustamente, mientras que Buitrago cuestiona la veracidad de sus afirmaciones y su intención de utilizar el tema como estrategia de campaña. “Él puede hacer campaña sin decir cosas que no son ciertas”, dijo la ministra, reiterando que el software propuesto por Lizcano tenía “más de sueño que de realidad”. Además, la ministra señaló que el Gobierno continúa explorando alternativas tecnológicas y operativos sorpresa para combatir la extorsión desde las cárceles, pero subrayó que aún no se ha encontrado una solución efectiva.
En sus declaraciones, Buitrago también mencionó que Lizcano incumplió compromisos durante su gestión como ministro, como la entrega de computadores para audiencias virtuales y la capacitación en la cárcel El Buen Pastor. “Hablaba maravillas de Costa Rica. Yo conozco ese sistema, y eso nunca ha funcionado”, afirmó la ministra, quien sugirió que las declaraciones de Lizcano podrían estar motivadas por su campaña presidencial.
Este es un episodio más que refleja las tensiones políticas en torno a la seguridad y el uso de tecnología en Colombia. Mientras Lizcano defiende su propuesta como una solución viable y critica al Gobierno por no implementarla, Buitrago cuestiona la veracidad de sus afirmaciones y destaca los esfuerzos del Gobierno para abordar el problema de la extorsión desde las cárceles. El debate también pone de manifiesto la importancia de la seguridad ciudadana como tema central en las elecciones presidenciales, así como la necesidad de soluciones tecnológicas efectivas y políticas públicas que garanticen la protección de la ciudadanía.
Juan Joya