En la noche del jueves 5 de junio, se conoció que el excongresista del Partido de La U, Charles William Schultz Navarro, fue capturado tras una orden emitida por la Corte Suprema de Justicia en la que se le señala de cometer los delitos de tráfico de influencias y concusión, en concurso heterogéneo y sucesivo.
La sentencia fue emitida el 4 de septiembre de 2024 y, según el fallo judicial, la decisión se dio por las presiones que habría cometido el exsenador en contra de funcionarios de la Superintendencia de Vigilancia sobre un proceso de funcionamiento de una empresa de seguridad privada identificada como Coop. Reservis C.T.A. “Su influencia permitió que se emitiera la Resolución No. 7755 del 25 de noviembre de 2009, la cual revocó una decisión anterior que impedía la renovación de la licencia de funcionamiento de la compañía”.
En ese fallo, la magistrada Blanca Barreto se refirió a la conducta de Schultz, quien gestionó “una cita con el superintendente de la época para exponerle la situación de la compañía e intermediar para que se dirimiera el asunto con prontitud y especial cuidado, previo a resolverse el recurso de reposición que se encontraba en curso ante esa entidad”. Asimismo, la alta Corte también confirmó que hay pruebas suficientes para demostrar cómo el exlegislador utilizó su investidura de aforado para intervenir en el recurso de reposición que interpuso dicha cooperativa ante la negativa de la licencia de funcionamiento.
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“Frente al acervo probatorio, asoma con asiento que la calidad congresual que ostentaba Charles William Schultz Navarro devino concluyente en la celeridad que se le impartió́ al recurso de reposición que se encontraba relegado, pues no se puede perder de vista que los propios funcionarios de la entidad informaron que para entonces eran generalizadas las demoras para el otorgamiento de licencias, ya que el departamento jurídico albergaba un cúmulo de asuntos pendientes”, se lee en la sentencia expedida en 2024. De esa manera, la Corte Suprema advirtió que se analizaron las pruebas hace nueve meses y las mismas demuestran que “conocía la ilegalidad de sus actos”, pero terminó cayendo en un proceso penal por la afectación que se presentó contra la administración pública.
Finalmente, en la investigación se incluye el relato del entonces subgerente de la cooperativa, quien afirma que el sentenciado habría enviado a un emisario para cobrar $300 millones por el “favor” que el aforado estaba adelantando ante la Superintendencia; ahora, Charles William Schultz Navarro deberá enfrentar una condena de 8 años y 6 meses de prisión.
Dayineth Isabel Molina Velásquez