En medio de la controversia generada por la adjudicación de la licitación de pasaportes al consorcio Thomas Greg & Sons, el exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, entregó su versión de los acontecimientos, abordando las críticas y defendiendo su actuación en base a la legalidad y el interés público.
José Antonio Salazar se pronunció luego de que el presidente Gustavo Petro lo acusara de traición y lo declarara insubsistente debido a esta polémica decisión. En su defensa, Salazar declaró que la licitación se llevó a cabo tras un proceso riguroso que comenzó en mayo del año pasado y culminó con la selección de Thomas Greg & Sons como el oferente mejor calificado, con todos los derechos legítimos para obtener el contrato. “Ese es el resultado”, afirmó Salazar.
El exfuncionario también señaló que su decisión estuvo motivada por la necesidad de evitar un perjuicio patrimonial al Estado, y argumentó que al desaparecer el acto administrativo impugnado, las demandas en su contra carecerían de fundamento. Ante las acusaciones de traición por parte del presidente Petro, Salazar reafirmó su lealtad a la Constitución y a la ley, subrayando que su deber primordial es cumplir con ellas, más allá de cualquier consideración personal.
Respecto a la falta de comunicación con el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, sobre su decisión, Salazar explicó que actuó en concordancia con sus funciones como representante legal del fondo rotatorio, interpretando las instrucciones implícitas de cumplir con la ley.
Además, el exsecretario indicó que presentará un recurso de reposición contra su declaración de insubsistencia. Y en relación con la suspensión del canciller Álvaro Leyva por parte de la Procuraduría, Salazar opinó que los motivos que llevaron a esta medida han cesado y espera que se restablezca en su cargo.
A pesar de su salida del cargo, Salazar considera que la entrega de la licitación a Thomas Greg & Sons es irrevocable, aunque espera una eventual revisión de la situación por parte de las autoridades competentes. Mientras tanto, la controversia persiste y las repercusiones de esta decisión continúan siendo objeto de debate en la esfera pública.
Humberto ‘Toto’ Torres