Expresidente de Coosalud denuncia penalmente al superintendente de Salud: ¿ataque desproporcionado o hallazgos legítimos?

Jaime Miguel González Montaño, expresidente de la EPS Coosalud, interpuso una denuncia penal por injuria y calumnia agravada contra el superintendente de Salud, Giovanni Rubiano, y la superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro. La querella, presentada ante la Fiscalía General de la Nación, se enmarca en medio de un escándalo de corrupción que ha sacudido a la EPS tras su intervención administrativa.

Los hechos detrás de la denuncia

La disputa se origina en declaraciones realizadas por Rubiano durante una rueda de prensa el pasado 6 de diciembre, donde presentó los “primeros hallazgos” de la intervención administrativa forzosa de Coosalud, ejecutada el 22 de noviembre de 2024. En esa ocasión, el superintendente señaló que la EPS había utilizado recursos públicos para garantizar un crédito de $206 mil millones otorgado a una empresa privada, calificando esta operación como “irregular” y señalando posibles actos de corrupción.

González Montaño, quien lideraba Coosalud cuando se firmó el contrato en cuestión, asegura que las acusaciones son falsas y han perjudicado gravemente su reputación. “El negocio jurídico se llevó a cabo dentro del marco legal y respondía a la crisis financiera que atraviesa el sistema de salud colombiano”, afirmó el exdirectivo, señalando que las deudas del Gobierno Nacional y de entes territoriales agravaron el déficit financiero de la EPS.

Acusaciones contra Rubiano y Navarro

La denuncia no solo menciona a Rubiano García, sino también a María José Navarro Muñoz, quien presuntamente reforzó los señalamientos en declaraciones realizadas el 19 de diciembre. Según González Montaño, ambos funcionarios tergiversaron los hechos, lo que constituye una falta grave en el marco de sus responsabilidades públicas.

En el documento de la querella, Julián Quintana Torres, abogado del denunciante, solicita:

• La citación de los funcionarios a una audiencia de conciliación.
• Una retractación pública de las acusaciones.
• La eliminación de las publicaciones en redes sociales relacionadas con el caso.

En caso de no llegar a un acuerdo en la conciliación, se pide que el proceso penal continúe para determinar si Rubiano y Navarro incurrieron en injuria y calumnia agravada.

Un caso que podría marcar precedentes

La EPS Coosalud, una de las más grandes del país, fue intervenida por supuestos problemas financieros y de gestión que, según la Superintendencia de Salud, ponían en riesgo la atención a sus afiliados. Sin embargo, González Montaño sostiene que las declaraciones del superintendente forman parte de un “ataque desproporcionado” que desvía la atención de los problemas estructurales del sistema de salud.

La Fiscalía ahora evaluará los elementos probatorios aportados por González, incluidos videos de las ruedas de prensa realizadas por Rubiano y Navarro. Este proceso podría establecer un precedente en el equilibrio entre la libertad de expresión de los entes de control y la presunción de inocencia de las entidades reguladas.

El desenlace de este caso será clave no solo para los implicados, sino también para el sector salud en Colombia, que enfrenta una creciente crisis de confianza en sus instituciones.

Humberto ‘Toto’ Torres