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1 agosto, 2025Estados Unidos decidió mantener el arancel del 10 % sobre productos colombianos, una medida que golpea de frente las exportaciones nacionales y pone en entredicho la eficacia de la política exterior del actual gobierno colombiano. Así lo confirmó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, quien explicó que la reciente Orden Ejecutiva firmada por la Casa Blanca ratifica la continuidad de la tarifa general, sin excepción para Colombia.
“Colombia seguirá bajo la aplicación de la tarifa general del 10 %”, afirmó Morales, añadiendo que aunque persisten los canales de diálogo técnico entre ambas naciones, no hay garantías de un cambio en el corto plazo. Es una declaración que —por más diplomática que suene— evidencia la impotencia del Gobierno ante una decisión que ya es oficial y que afecta sectores claves como el acero y el aluminio.
Mientras el Ministerio insiste en que se mantienen relaciones “armónicas y constructivas”, la realidad es que las cifras revelan una asimetría preocupante. Estados Unidos no solo es el principal socio comercial de Colombia —con exportaciones por US$ 6.009 millones entre enero y mayo, equivalentes al 30 % del total nacional—, sino también el mayor emisor de remesas, fuente de inversión y principal proveedor de turistas. Aun así, Colombia no logra obtener condiciones preferenciales para sus productos.
El panorama es aún más inquietante si se considera que el 67 % de los bienes exportados hacia EE. UU. no pertenecen al sector minero-energético, lo que implica que las pequeñas y medianas empresas productoras están entre las más afectadas. Más de 3.000 compañías colombianas exportan cada año a ese país, y en 2025 ya van 2.069 empresas registradas con ventas externas hacia ese destino, según la DIAN.
La permanencia del arancel plantea una interrogante incómoda pero necesaria: ¿cuál es la estrategia comercial de Colombia frente a su mayor socio, si cada año debe adaptarse a decisiones unilaterales? La respuesta, hasta ahora, ha sido una mezcla de espera, improvisación y retórica diplomática.
Desde el punto de vista macroeconómico, el impacto es evidente. Estados Unidos representa el 34 % de la inversión extranjera directa en Colombia, con US$ 1.080 millones en el primer trimestre de 2025. A esto se suma que el 70 % de los bienes importados desde EE. UU. son insumos que no se producen en Colombia, lo que implica un alto grado de dependencia en las cadenas productivas.
Y aún más significativo: Estados Unidos lidera el envío de remesas con US$ 1.599 millones en el primer trimestre del año, y el turismo estadounidense representa el 25 % del total de visitantes no residentes. En otras palabras, Colombia depende de Estados Unidos en múltiples frentes, pero no tiene poder de negociación real.
La continuidad del arancel no es solo un obstáculo económico, sino un llamado de atención político. Es hora de que el Gobierno colombiano revise su papel en el escenario internacional con menos sumisión y más estrategia. De lo contrario, seguirá administrando las consecuencias sin participar en la toma de decisiones.
Humberto ‘Toto’ Torres




