Explosivo lanzado desde dron impacta vivienda en zona rural de Jamundí: tres civiles heridos

La comunidad denuncia falta de protección y advierte sobre el uso sistemático de drones en acciones violentas.

La noche del jueves 4 de septiembre, un artefacto explosivo lanzado desde un dron impactó una vivienda en la vereda La Pradera, corregimiento de Villacolombia, zona rural de Jamundí, Valle del Cauca. El hecho dejó tres civiles heridos, entre ellos una menor de edad, y fue atribuido por las autoridades al frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, grupo armado que mantiene presencia activa en el suroccidente del país.

El ataque se habría producido en medio de enfrentamientos entre tropas de la Tercera Brigada del Ejército Nacional y miembros de dicho grupo ilegal. La explosión generó daños estructurales en la vivienda y dejó esquirlas visibles en puertas y paredes. Los heridos fueron trasladados al Hospital Piloto de Jamundí, donde se confirmó que se encuentran fuera de peligro.

“Cayó en la casa de una familia y dejó tres heridos. Eso despegó la puerta, mire las esquirlas como volvió eso”, relató un habitante de la zona en un video difundido por redes sociales. El testimonio, aunque informal, refleja el nivel de exposición de la población civil en medio de una confrontación que se intensifica sin que existan garantías efectivas de protección.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, reveló que los grupos armados estarían adquiriendo hasta 3.000 drones para fortalecer su capacidad ofensiva. Esta cifra, aunque no confirmada oficialmente por inteligencia militar, plantea interrogantes sobre el alcance logístico y financiero de las disidencias, así como sobre la capacidad del Estado para anticiparse a estas amenazas. “Vamos a pedir ayuda también a los Estados Unidos para fortalecer las capacidades de las autoridades”, señaló Toro.

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, anunció el envío de 70 soldados adicionales y vehículos blindados para reforzar la seguridad en el corredor entre Cali, Jamundí y Buenaventura. También mencionó la activación de un bloque de búsqueda que ha permitido la captura de 29 personas vinculadas a atentados previos. “Nos falta uno, pero muy seguramente pronto caerá”, afirmó. Sin embargo, la reiteración de ataques en zonas rurales sugiere que las medidas adoptadas hasta ahora no han logrado contener la expansión territorial ni la capacidad operativa de los grupos armados.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, insiste en fortalecer la inteligencia y crear un comité subregional de alertas tempranas. “Si no tenemos alertas, no sirven las cámaras”, dijo, cuestionando la efectividad de las herramientas tecnológicas sin una estrategia articulada de prevención. La declaración pone en evidencia una tensión persistente entre los niveles local y nacional de gobierno, en torno a la asignación de recursos y la coordinación interinstitucional.

Más allá del hecho puntual, el uso de drones como plataforma de ataque emergente es un desafío técnico y jurídico para las fuerzas armadas y los organismos de seguridad. La capacidad de estas aeronaves no tripuladas para operar en zonas de difícil acceso, con bajo costo y alta precisión, ha transformado el escenario del conflicto armado. En este caso, el dron logró evadir los controles militares y alcanzar una vivienda civil. Esto sin lugar a dudas muestra las fallas en la vigilancia aérea y en la anticipación de patrones de ataque.

La comunidad de Villacolombia, históricamente afectada por la presencia de actores armados ilegales, ha denunciado en múltiples ocasiones la falta de presencia institucional sostenida. Aunque se han realizado operativos y patrullajes, estos suelen ser reactivos y de corta duración. El ataque de este jueves muestra la vulnerabilidad y la necesidad de una estrategia integral que combine seguridad, inversión social y participación comunitaria.

JUAN JOYA