Después de una reunión crucial con la gobernadora y los alcaldes de Tuluá y otros nueve municipios del Centro y Norte del Valle del Cauca, la Comisión Especial de la Procuraduría, liderada por el Delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, ha emitido un preocupante informe sobre la expansión de fenómenos delictivos en la región.
Según lo revelado por los mandatarios locales, fenómenos como la extorsión, el microtráfico y la monopolización de alimentos, que han experimentado un aumento alarmante en Tuluá, ahora comienzan a extenderse a los municipios vecinos. La influencia de Tuluá es tan significativa que los problemas que enfrenta esta ciudad reverberan con fuerza en las localidades circundantes. “Si a Tuluá le da gripa, a nosotros pulmonía”, expresó uno de los alcaldes presentes.
El Delegado Sarmiento también expuso que grupos ilegales han extendido su control sobre el comercio de alimentos y otros productos básicos, ejerciendo una influencia nefasta sobre la economía local. “Aquí no se vende un huevo, un plátano, ni siquiera un manojo de cilantro sin que ellos lo autoricen y se lleven su porcentaje, so pena de muerte”, denunció un agricultor entrevistado por la comisión.
Además, los enfrentamientos entre estos grupos han contribuido al aumento de la deserción escolar, con más de 6.200 niños abandonando las aulas en Tuluá entre 2020 y 2024, y reportes alarmantes sobre el crecimiento de este fenómeno en otros municipios.
La comisión también ha detectado graves problemas de seguridad en la cárcel de Tuluá, desde donde se sospecha se coordina gran parte de la extorsión en la región. Estos hallazgos y las denuncias recibidas por las autoridades locales serán compilados en un Informe Preventivo Urgente, que se presentará la próxima semana con el fin de impulsar acciones expeditas para abordar esta crisis.