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La justicia colombiana ha sentenciado a Luis Alberto Monsalvo Gnecco, exgobernador del Cesar, a una pena de 21 años y 8 meses de prisión por su participación en una trama de corrupción relacionada con el Programa de Alimentación Escolar (PAE). La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ha encontrado a Monsalvo Gnecco culpable de varios delitos, incluyendo contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.
La condena, que contó con un salvamento parcial de voto, también ha denegado cualquier posibilidad de ejecución condicional o prisión domiciliaria, ordenando su traslado inmediato a un centro penitenciario por parte del INPEC.
Los cargos contra el exgobernador están relacionados con un contrato firmado el 21 de agosto de 2015, entre el departamento del Cesar y el Consorcio Alimentación Escolar a Salvo 2015, con un valor de $17.145.105.000. Este contrato buscaba proporcionar servicios de alimentación escolar a niños y adolescentes en áreas urbanas y rurales del departamento.
La Corte Suprema determinó que en la tramitación, celebración y liquidación de dicho contrato se violaron principios fundamentales de legalidad y responsabilidad, permitiendo la apropiación indebida de fondos públicos por parte de terceros, lo que resultó en sobrecostos significativos y beneficios financieros para el contratista.
El fallo de la Sala de Primera Instancia subraya la complicidad consciente de Monsalvo Gnecco en estas irregularidades, señalando que, a pesar de delegar la función de contratación, el exgobernador no eximía de sus responsabilidades de supervisión y control. La sentencia destaca que el exgobernador estaba plenamente consciente de las irregularidades en el proceso contractual y, sin embargo, no tomó medidas para corregirlas.
La defensa argumentó que Monsalvo Gnecco había delegado la contratación del PAE, pero la corte consideró esta justificación inadmisible, afirmando que la delegación no eximía al exgobernador de sus deberes legales.
La sentencia condenatoria concluye destacando que las acciones y omisiones de Monsalvo Gnecco en este caso constituyen un delito grave, afectando no solo la integridad del proceso contractual, sino también el bienestar de los beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar en el Cesar.
Humberto ‘Toto’ Torres
