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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió un incidente de verificación contra Fernando y Herminsul Arellán, exintegrantes de las extintas Farc-EP, por presunto incumplimiento del compromiso de aportar verdad en el Caso 10, que investiga crímenes no amnistiables como el atentado al Club El Nogal, ocurrido en 2003 y que dejó 36 muertos y casi 200 heridos.
La Sala de Reconocimiento de Verdad tomó la decisión luego de que los comparecientes, en audiencias celebradas el 30 de abril y el 30 de julio de 2025, afirmaran que no participaron en el atentado y aseguraran que fueron condenados injustamente por la justicia ordinaria con base en testimonios falsos. Según ellos, su vínculo con el caso se explica por la muerte de su hermano Oswaldo y su sobrino John Freddy durante la explosión.
No obstante, la Corte Suprema de Justicia ratificó su condena en 2012 por los delitos de terrorismo, homicidio y tentativa de homicidio. En 2017, tras someterse a la JEP, solicitaron la revisión del proceso con fines de amnistía, pero esta petición fue negada en agosto de 2023.
“Es necesario evaluar si los comparecientes están cumpliendo o no con el régimen de condicionalidad”, afirmó Julieta Lemaitre Ripoll, magistrada correlatora del Caso 10, en cumplimiento del artículo 67 de la Ley 1922 de 2018.
A la fecha, la defensa de los hermanos Arellán no ha pedido una nueva revisión del caso, ya que aseguran no contar con nuevos elementos probatorios y que esperan recolectarlos durante el proceso en curso.
Ante la apertura del incidente, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, envió un mensaje a todos los comparecientes del sistema: “Deben aportar verdad plena, detallada y exhaustiva. De lo contrario, podrían perder los beneficios que otorga esta Jurisdicción”, advirtió.
Excomandantes de las Farc enfrentarán audiencia decisiva por más de 21.000 secuestros
Paralelamente, este 31 de julio y 01 de agosto, la JEP realizará una audiencia pública de verificación clave para determinar si el último secretariado de las Farc ha cumplido con las condiciones necesarias que permitan la imposición de sanciones propias, en el marco del Caso 01, que aborda más de 21.000 casos de secuestro.
Los convocados a esta diligencia son: Rodrigo Londoño (Timochenko), Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Jorge Torres Victoria, Pastor Alape, Julián Gallo y Rodrigo Granda, quienes ya han reconocido su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad.
En esta audiencia se evaluará el grado de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, así como la viabilidad de los proyectos restaurativos propuestos por los exjefes guerrilleros, que podrían incluir acciones de memoria, búsqueda de desaparecidos, recuperación ambiental y desminado humanitario.
Las sanciones propias que se contemplan no implican cárcel, pero exigen trabajos, obras y actividades reparadoras, diseñadas con participación de las víctimas, que deben ser viables, sostenibles y efectivas.
Una vez concluida la audiencia, la JEP tendrá 20 días hábiles para emitir la primera sentencia contra las exFarc por secuestros, una decisión que sentará un precedente en el proceso de justicia transicional en Colombia.
Participación institucional y seguimiento internacional
Durante la audiencia, la JEP contará con el apoyo de más de una docena de entidades estatales, entre ellas la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, el Departamento Nacional de Planeación, los ministerios del Interior y de Justicia, la Unidad Nacional de Protección y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Estas instituciones son clave para estructurar y evaluar los proyectos que serán parte de las sanciones.
El cumplimiento de estas medidas será monitoreado por la JEP y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, garantizando el seguimiento y la transparencia en la aplicación de justicia restaurativa.
Mientras los hermanos Arellán enfrentan un posible retiro de beneficios por no cumplir con la verdad en el caso El Nogal, los máximos excomandantes de las Farc se alistan para conocer las primeras sanciones por más de dos décadas de secuestros sistemáticos. La JEP entra en una fase decisiva, en la que la verdad y la reparación a las víctimas serán determinantes para avanzar en la consolidación de la paz en Colombia.
Humberto ‘Toto’ Torres
