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¿Qué revelarán los archivos del DAS si se desclasifican?
Esa pregunta cobra fuerza hoy miércoles 23 de julio, cuando se celebra la audiencia de acusación contra Andrés Peñate, exdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por el delito de concierto para delinquir agravado. El proceso judicial, reactivado por la Fiscalía General de la Nación, involucra más de 30 víctimas, entre ellas el hoy presidente de la República, Gustavo Petro.
Este caso tuvo un giro importante en octubre de 2024, cuando Peñate fue imputado formalmente por la Fiscalía ante el Tribunal Superior de Bogotá. En esa audiencia, el exfuncionario rechazó los cargos y se declaró inocente, negándose a allanarse al proceso. La imputación se relaciona con interceptaciones ilegales y seguimientos sin orden judicial contra magistrados, periodistas y políticos de oposición, incluyendo al entonces senador Petro. También se mencionó la recolección de información sobre su campaña política en 2006 y el uso de recursos estatales para elaborar informes que habrían llegado a altos funcionarios de la Casa de Nariño.
Escuche la audiencia completa aquí: https://www.youtube.com/watch?v=VFezNrSO6r4
La Fiscalía sostiene que estas acciones no estaban motivadas por razones de seguridad nacional, sino por intereses políticos, especialmente en el contexto de los procesos judiciales por parapolítica. Las víctimas fueron catalogadas como “blancos políticos”, entre ellas 19 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la fallecida exsenadora Piedad Córdoba, el periodista Daniel Coronell y el exmagistrado Alfredo Gómez Quintero.
Así las cosas, el presidente Petro solicitó formalmente ser reconocido como víctima en el proceso penal, alegando que fue objeto de seguimientos ilegales durante su labor como senador. Esta solicitud se acoge al derecho de las personas afectadas por prácticas de inteligencia indebidas a participar activamente en los procesos judiciales. La Fiscalía ha anunciado que presentará más de 60 testigos, incluidos exfuncionarios del DAS que ya fueron condenados y que ahora señalan a Peñate como autor intelectual de las órdenes ilegales.
Entre los implicados figuran María del Pilar Hurtado, Fernando Tabares, William Romero, Martha Leal, Jorge Alberto Lagos y Gustavo Sierra, quienes habrían ejecutado las órdenes bajo la dirección de Peñate. La acusación indica que estos funcionarios formaron parte de una “empresa criminal” que operó hasta 2008, atendiendo requerimientos específicos provenientes de altos funcionarios de la Presidencia de la República.
En paralelo al proceso judicial, el Gobierno Nacional adelanta una ruta para la desclasificación de los archivos del DAS. Con esto se buscaría liberar documentos que permanecen reservados desde la liquidación del organismo en 2011 y tiene como propósito garantizar el acceso a la verdad, la reparación de las víctimas y la construcción de memoria institucional.
La reanudación del caso es un hito en la lucha contra la impunidad en el país y abre la puerta a nuevas investigaciones sobre el uso indebido de los organismos de inteligencia. En tiempos recientes, han salido a la luz hechos que permanecieron inadvertidos por más de una década, y que hoy deben estar en el centro de la discusión nacional. La audiencia de hoy, de carácter público, representa no solo el inicio de una nueva etapa judicial, sino también la oportunidad de reivindicar la verdad como principio de justicia.
JUAN JOYA




