Exdirector del Dapre es llamado por la Fiscalía por caso UNGRD: ¿qué delitos se le atribuyen?

Este miércoles 14 de mayo, se conoció que la Fiscalía General de la Nación solicitó audiencias de imputación y medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), por su presunta vinculación al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El ente investigador procesará al alto exfuncionario del Gobierno de Gustavo Petro por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. Esta noticia llega una semana después de la captura del expresidente del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, quienes deberán cumplir con medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.

De acuerdo con las declaraciones previas de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, González habría ordenado el desvío de contratos de la entidad para sobornar a congresistas y que votaran en favor de las reformas sociales del Gobierno. “Entre el 18 y el 21 de septiembre de 2023, Carlos Ramón González, entonces director del Dapre, le solicitó contratos por 60.000 millones para Iván Leónidas Name Vásquez y por un poco más de 10.000 millones de pesos para Andrés David Calle Aguas. Contratos que posteriormente se cambiaron por 3.000 millones de pesos en efectivo para Name Vásquez y mil millones de pesos en efectivo para Calle Aguas. Función que fue trasladada por Olmedo López a Sneyder Pinilla para la consecución de los recursos”, señaló la Fiscalía en su momento.

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En la tarde del martes 13 de mayo, la Fiscalía General de la Nación anunció una nueva serie de imputaciones dentro del escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Entre los implicados se encuentra César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, a quien se le atribuyen los delitos de:

• Concierto para delinquir agravado
• Interés indebido en la celebración de contratos
• Peculado por apropiación

Según informó el ente acusador, estas imputaciones se relacionan con la reducción irregular de 100.000 millones de pesos de un convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

También fue vinculado Édgar Riveros Rey, abogado, por los delitos de:

• Concierto para delinquir agravado
• Interés indebido en la celebración de contratos
• Peculado por apropiación
• Falsedad material en documento público
• Falsedad en documento privado

Asimismo, figuran los nombres de Sonia Rocío Romeo Hernández y Óscar Enrique Cárdenas Angulo, contratistas por prestación de servicios de la UNGRD, a quienes se les imputarán cargos similares:

• Concierto para delinquir agravado
• Interés indebido en la celebración de contratos
• Peculado por apropiación
• Falsedad material en documento público
• Falsedad en documento privado

En la lista también aparecen Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, representantes de la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral (Yapurutú), señalados por los delitos de:

• Interés indebido en la celebración de contratos
• Peculado por apropiación
• Falsedad material en documento público
• Falsedad en documento privado

Finalmente, la Fiscalía imputará por el delito de lavado de activos a:

• Jorge Aristizábal Rodríguez, funcionario del Departamento Administrativo de la Función Pública
• Ana María Riveros Barbosa, contratista de la UNGRD

La investigación continúa y se esperan más decisiones judiciales en los próximos días.

Dayineth Isabel Molina Velásquez