Excomandantes de las Farc aceptan sanciones de la JEP: “Es un compromiso ético y político con las víctimas”

Los exintegrantes del último secretariado de las Farc anunciaron que acatarán las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tras ser condenados por secuestro y otros crímenes cometidos durante el conflicto armado. En un comunicado difundido este 16 de septiembre, afirmaron que aunque aún no han sido notificados formalmente, su cumplimiento será asumido como “un compromiso ético y político con las víctimas y con Colombia”.

Reconocen responsabilidad y piden perdón

El pronunciamiento fue firmado por Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo, Jaime Alberto Parra, Rodrigo Granda y Milton de Jesús Toncel, quienes recordaron que ya han admitido su responsabilidad en más de 400 diligencias judiciales, muchas de ellas frente a las víctimas.

“Reconocemos que las sanciones que hoy se anuncian son la consecuencia de los graves crímenes cometidos durante la guerra, los cuales hemos admitido en más de 400 diligencias ante la JEP, muchas de ellas frente a las víctimas y sus representantes”, señala el comunicado.

Los exjefes guerrilleros calificaron el secuestro como un “crimen de guerra” y una “carga moral” que marcó a la organización, y reiteraron su “solicitud de perdón clara y directa a todas las víctimas, sus familias y a la sociedad colombiana”.

Exigen claridad sobre sanciones

En el texto, los excomandantes pidieron a la JEP resolver asuntos pendientes como la Resolución Única de Conclusiones, la unificación de procesos y el alcance de las sanciones.

“Necesitamos claridad sobre la Resolución Única de Conclusiones, la solicitud de unificación de procesos. El alcance de las sanciones y la viabilidad de su cumplimiento”, añadieron, al tiempo que advirtieron que harán un pronunciamiento de fondo una vez reciban la notificación oficial.

Lo que dice la sentencia de la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz condenó a los excomandantes de las Farc no solo por secuestro, sino también por crímenes de lesa humanidad como tortura, esclavitud y otros actos inhumanos, y por crímenes de guerra como tratos crueles, violencia sexual, desplazamiento forzado, asesinatos y desapariciones forzadas.

Uno de los puntos más controvertidos fue la imputación por esclavitud. Según la defensa de los exintegrantes del secretariado, “no hay evidencia de que las víctimas hayan sido tratadas como propiedad transferible o explotable bajo control total, que es el núcleo de la esclavitud”. Alegaron que, aunque las condiciones de cautiverio fueron deplorables, no se configuró un escenario de servidumbre total o trabajo forzado perpetuo.

Sin embargo, los recursos y tutelas interpuestos fueron negados por la JEP, que mantuvo firme la calificación jurídica y avanzó en la imposición de las sanciones restaurativas que deberán cumplir los excomandantes.

Humberto ‘Toto’ Torres