Evidencias vinculan a alias ‘Calarca’ con crímenes mientras dialogaban con el Gobierno

¿Se usaron los diálogos para fortalecer estructuras armadas ilegales?

La Fiscalía General de la Nación reactivó líneas de investigación contra Alexander Díaz, conocido como alias Calarcá, jefe del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) de las disidencias de las Farc, tras verificar la autenticidad de información contenida en dispositivos electrónicos incautados en julio de 2024 durante un retén militar en zona rural de Anorí, Antioquia. El material, analizado durante cuatro meses por investigadores judiciales, contiene registros de comunicaciones internas que darían cuenta de la presunta comisión de homicidios, reclutamiento forzado de menores y posibles vínculos con funcionarios del Estado, hechos que habrían ocurrido en medio de los diálogos de paz sostenidos con el Gobierno.

De acuerdo con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, los hallazgos son “de suma gravedad” y sustentan la solicitud formal para que se levanten las órdenes de captura suspendidas contra alias Calarcá en el marco del proceso de negociación. “Lo que se refiere a reiterar la solicitud de que se levante la orden de captura tiene que ver con hallazgos, con cosas que pudimos ratificar de la información que reposaba en los computadores y en los teléfonos celulares que fueron incautados”, señaló la funcionaria, al explicar que los datos incluyen evidencias de relaciones entre esta estructura armada y un general de la República, así como con un exfuncionario de la Dirección Nacional de Inteligencia.

La investigación, que avanza en una fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, involucra al general Juan Miguel Huertas y al exjefe de inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía, por presuntos vínculos con la organización ilegal. Según la fiscal Camargo, estos elementos fueron corroborados tras una nueva extracción de la información digital incautada, lo que permitió confirmar que los registros no correspondían a copias alteradas sino a comunicaciones auténticas. “Volvimos a hacer la extracción de toda esa información y efectivamente pudimos comprobar que hay hechos muy graves asociados con alias Calarcá (…) que tienen que ver con hechos de homicidios que habría encargado”, indicó.

Entre los hechos documentados en los archivos se encuentra la presunta orden de asesinato de un firmante del acuerdo de paz, identificado como Juan Gabriel Hurtado Betancour, en hechos registrados el pasado  el 6 de enero de 2024, en medio de un cese al fuego vigente. En los mensajes, alias Calarcá habría instruido a un subordinado para ejecutar el crimen bajo la acusación de que la víctima hablaba en su contra. El caso hace parte de las líneas priorizadas por la Unidad Especial de Investigación, junto con el homicidio de un líder social cuya ejecución también habría sido ordenada desde la estructura armada. “Hay un caso en particular que se está manejando (…) que tiene que ver con el homicidio de un líder social; la orden para ejecutarlo aparece ahí en unos chats y luego aparece la evidencia de su asesinato”, explicó la fiscal.

Los registros también evidencian el reclutamiento forzado de una menor de 14 años, identificada como Yurelli, proveniente del municipio de Uribe, Meta. En los mensajes internos se detalla su ingreso a la organización con datos personales y condiciones de salud, lo que refuerza las hipótesis de que el grupo armado continuó con prácticas de vinculación ilegal de niños, niñas y adolescentes durante el periodo de negociación. Estos hechos, según la Fiscalía, muestran que la estructura habría aprovechado el proceso de diálogo para mantener e incluso fortalecer su accionar delictivo en distintos territorios.

El material fue obtenido tras la detención de una caravana compuesta por siete jefes de las disidencias, quienes se movilizaban bajo custodia de la Unidad Nacional de Protección cuando fueron interceptados por el Ejército. En ese momento, los capturados fueron dejados en libertad al ser considerados “gestores de paz”, decisión que generó grandes cuestionamientos . Sin embargo, la verificación posterior del contenido incautado llevó a reabrir el proceso judicial y a replantear las condiciones de su participación en la mesa de negociación.

Paralelo a esto,  la Asociación de Firmantes del Acuerdo de Paz rechazó el asesinato de Hurtado Betancour y denunció la persistencia de ataques contra excombatientes en proceso de reincorporación. “En Colombia se asesina a los firmantes de paz como animales y nadie responde por este genocidio”, señaló la organización en un pronunciamiento.

Las nuevas evidencias surgen luego de que, tras la divulgación inicial de esta información, el presidente Gustavo Petro y los funcionarios señalados cuestionaran su veracidad y la calificaran como un montaje. La Fiscalía sostiene ahora que los datos fueron verificados técnicamente y constituyen base probatoria suficiente como para avanzar en las investigaciones penales, así como para solicitar medidas judiciales contra alias Calarcá y otros implicados.

Juan Joya