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La resolución del Parlamento Europeo denuncia el asesinato de Miguel Uribe Turbay y el avance de grupos armados ilegales en Colombia.
Este martes 9 de septiembre de 2025, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que expresa “profunda preocupación por el deterioro de la seguridad, el Estado de derecho y la democracia en Colombia”. Con 355 votos a favor, 173 en contra y 15 abstenciones, el texto denuncia el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay como un hecho emblemático de la creciente violencia política en el país. La resolución, de carácter no vinculante pero políticamente significativa, fue impulsada por eurodiputados de distintos grupos parlamentarios, quienes alertaron sobre el debilitamiento institucional y el avance de estructuras armadas ilegales.
“El asesinato de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, representa un ataque directo contra la democracia colombiana”, señala el documento. Además, se hace referencia a un patrón sistemático de amenazas, atentados y asesinatos contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas. El Parlamento exhorta al Gobierno colombiano a garantizar elecciones libres y seguras en 2026, reforzar la protección ciudadana y combatir la impunidad.
Uno de los puntos más controvertidos de la resolución es la crítica explícita a la política de “paz total” promovida por el presidente Gustavo Petro. Según el texto, “la delincuencia organizada ha adquirido más territorio y poder en zonas donde históricamente el Estado ha estado ausente”. Se advierte que, lejos de reducir la violencia, los diálogos con grupos armados han coincidido con un aumento de actividades ilegales como el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. En este contexto, los eurodiputados plantean la necesidad de revisar los fondos de cooperación que la Unión Europea destina a Colombia, para evitar que terminen beneficiando a actores vinculados con el crimen organizado.
El documento también aborda la expansión de estructuras criminales en zonas fronterizas con Venezuela, donde operan grupos como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. En este marco, se propone incluir al Cartel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. “Considerando que el Cartel de los Soles, una presunta red delictiva venezolana dirigida por Nicolás Maduro y otros altos cargos del régimen militar, ha sido designado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como entidad terrorista internacional”, se solicita que la UE adopte una postura similar. La resolución sostiene que esta red facilita el narcotráfico transnacional y brinda apoyo logístico a grupos armados colombianos.
La dimensión regional del debate se intensificó con las declaraciones de la congresista colombiana Lina María Garrido, quien afirmó que “a Petro ya lo tienen identificado en el mundo como el amigo de Maduro, dictador y jefe de la organización narcoterrorista denominada Cártel de los Soles”. Aunque estas afirmaciones provienen de sectores políticos específicos y no forman parte del texto oficial, reflejan el clima de polarización que rodea la discusión sobre las alianzas internacionales del Gobierno colombiano.
En contraste, algunos eurodiputados defendieron la necesidad de mantener el diálogo con Colombia y evitar sanciones que puedan afectar a la población civil. Argumentaron que la cooperación debe orientarse a fortalecer las instituciones democráticas, apoyar a las víctimas del conflicto y promover el desarrollo en zonas vulnerables. Esta postura, aunque minoritaria en la votación final, evidencia las tensiones internas en el Parlamento Europeo sobre cómo abordar la crisis colombiana sin romper los canales diplomáticos.
La resolución, aunque no tiene efectos jurídicos inmediatos, marca un precedente en la relación entre Colombia y la Unión Europea. El llamado a revisar los fondos de cooperación, la propuesta de incluir al Cartel de los Soles en la lista terrorista y la crítica a la política de “paz total” configuran un escenario de mayor escrutinio internacional sobre las decisiones del Gobierno colombiano. En palabras del Parlamento, “la democracia en Colombia enfrenta amenazas graves que requieren una respuesta firme, coordinada y respetuosa de los derechos humanos”.
Juan Joya
