Ante la Comisión Segunda del Senado, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, presentó la nueva estrategia, orientada a capturar a los principales cabecillas y llamados “mineros invisibles”, denominada MIDAS. Esta iniciativa tiene el objetivo de erradicar la explotación ilícita de yacimientos mineros, fuente clave de financiación de grupos armados ilegales y una grave amenaza ambiental.
Durante su intervención, el ministro Sánchez instó al Congreso a trabajar en conjunto por una legislación que formalice la minería informal. “Una normatividad clara ayudaría a atrapar a los cabecillas de estas estructuras al margen de la ley”, afirmó.
En el debate de control político, el senador Nicolás Albeiro Echeverry, del Partido Conservador, criticó duramente la política gubernamental en la materia, señalando que “hasta el momento es una política sin resultados claros, pero con daños irreversibles”. También cuestionó la ausencia del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y pidió a la viceministra Johanna Rocha, presente en la sesión, revisar la Decisión 774 de la Comunidad Andina (CAN) y los decretos 2235 y 1035, que regulan la lucha contra la minería ilegal.
Echeverry propuso realizar un censo adecuado que permita identificar a los mineros artesanales e informales sin criminalizarlos. “¿Cómo le voy a pedir a un comandante o a un soldado que distinga entre un minero ancestral y un pequeño minero?”, se preguntó, al criticar la quema de maquinaria como una práctica que “termina confundiendo a todos los mineros como criminales”.
El senador recordó que, según el artículo 5 de la Decisión 774 de la CAN, los Estados miembros pueden aplicar medidas como el decomiso, incautación o destrucción de maquinaria, equipos e insumos utilizados en la minería ilegal. La senadora Gloria Flórez, del Pacto Histórico, respaldó su postura y reconoció que dicha norma “presenta algunas falencias”.
A su turno, la viceministra Rocha subrayó la necesidad de diferenciar entre minería artesanal, de subsistencia, tradicional, y la pequeña, mediana y gran minería, e invitó a los legisladores a revisar esta clasificación.
El ministro Sánchez también entregó cifras de las acciones realizadas en lo corrido de 2025: la Fuerza Pública ha intervenido 2.286 minas ilegales, incautado 188 unidades de maquinaria amarilla y destruido otras 220. Además, se han capturado 594 personas por delitos relacionados con minería ilegal. Estas acciones se apoyan en la estrategia MIDAS y en el Centro Operacional de Fusión de Inteligencia para la Protección Ecológica (COFIE), descrito como el “cerebro” de operaciones como Amazonía Libre, que en 2024 logró afectar las finanzas del frente ‘Carolina Ramírez’ de las disidencias de las FARC en más de 55.000 millones de pesos.
“El país no puede seguir permitiendo que, teniendo el 5% del agua potable del planeta, sus recursos minerales sean un motor de miseria, muerte y destrucción ambiental”, enfatizó el ministro.
Durante la sesión, el presidente de la Comisión Segunda, senador José Luis Pérez (Cambio Radical), sometió a votación el proyecto de ascenso del brigadier general de la Policía Nacional, Carlos Fernando Triana Beltrán, al grado de mayor general, que fue aprobado con 10 votos a favor.
Finalmente, se llevó a cabo la ceremonia de imposición de la Orden al Mérito a la Democracia al mayor de Infantería de Marina, Weimar Adolfo Páramo Jiménez, en reconocimiento a sus 20 años de servicio. “Con esta condecoración reafirmo mi compromiso inquebrantable con Colombia y con los principios democráticos que nos rigen como nación”, expresó el oficial.
Paola Martínez Burgos