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La Nueva EPS, entidad promotora de salud con más de 11 millones de afiliados, pasará a estar bajo control mayoritario del Gobierno Nacional. El Estado adquirió el 51 % de las acciones, convirtiéndose en el socio dominante de esta sociedad de economía mixta. La operación marca un giro estructural en el modelo de administración de la EPS más grande del país.
La participación estatal se consolidó luego de que seis cajas de compensación familiar —Colsubsidio, CAFAM, Compensar, Confenalco Valle, Confenalco Antioquia y Confandi— cedieran parte de sus acciones. Estas entidades acordaron transferir una porción significativa de su participación, permitiendo que el Estado alcanzara el umbral del 51 %. Con ello, la Nueva EPS deja de ser una sociedad anónima con predominio privado y pasa a operar bajo un esquema de empresa mixta con mayoría estatal.
La estructura jurídica de la Nueva EPS se mantiene como sociedad de economía mixta, lo que implica que se rige por las normas del derecho privado, aunque con participación pública. Este modelo permitirá al Gobierno ejercer control sobre las decisiones estratégicas, sin que ello implique una transformación en su naturaleza legal. El esquema adoptado es similar al de empresas como Ecopetrol, donde el Estado es mayoritario, pero la gestión se mantiene bajo principios empresariales.
En paralelo al cambio accionario, se produjo una modificación en la dirección de la entidad. La interventora Sandra Polanía fue removida del cargo tras pocas semanas de gestión, y en su lugar fue designado Óscar Gálvez, funcionario con experiencia en procesos de intervención de EPS. La Nueva EPS continúa bajo medida de intervención forzosa administrativa hasta 2026, en medio de una crisis financiera y operativa que ha afectado la prestación de servicios.
La situación financiera de la entidad continúa siendo crítica. Se reportan pasivos superiores a $18 billones y rezagos en el procesamiento de más de 22 millones de facturas, además de ausencia de información contable consolidada desde 2024. La falta de reportes actualizados ha dificultado la evaluación precisa del estado patrimonial de la EPS, motivando auditorías internas y revisiones de organismos de control.
En el marco de la intervención, se inició una auditoría sobre más de $15 billones en facturas médicas, con el objetivo de depurar cuentas y esclarecer hallazgos contables. Las auditorías identificaron pagos concentrados en pocas IPS, inconsistencias y posibles duplicidades en la facturación, generando alertas sobre la gestión contractual y los mecanismos de supervisión interna de la entidad.
Juan Joya
