Escándalo Findeter: denuncian contratos y favores políticos por votos en el Congreso

¿Es el caso un nuevo modelo de corrupción con recursos públicos en plena coyuntura electoral?

Un documento de 22 páginas que ya reposa en la Fiscalía General de la Nación ha puesto en el centro de la controversia a la senadora Berenice Bedoya, al exministro del Interior Luis Fernando Velasco, a su sucesor Armando Benedetti y a directivos de Findeter. La denuncia, presentada por el exsecretario de Transparencia de la Presidencia, Camilo Enciso, plantea la existencia de un presunto esquema de intercambio de apoyos legislativos por contratos y cargos públicos. El documento advierte sobre un posible intercambio de votos en el Congreso por beneficios contractuales.

El caso clave gira alrededor de un proyecto de infraestructura en Yarumal, Antioquia: la construcción de la línea de aducción Santa Juana del acueducto, con un valor cercano a los diez mil millones de pesos. Según el relato, en 2024 la senadora Bedoya habría gestionado el respaldo del Gobierno Nacional a esta obra a través de Findeter, como contraprestación por su apoyo a reformas estructurales impulsadas en el Congreso. Chats y documentos anexos a la denuncia mostrarían un conocimiento anticipado del proceso de adjudicación, que finalmente se concretó el 3 de mayo de 2024 por más de 9.500 millones de pesos. La denuncia señala que el contrato habría sido gestionado como parte de un acuerdo político.

La controversia se amplía con señalamientos de presunto nepotismo. La denuncia sostiene que al menos cuatro familiares de la senadora y varios integrantes de su círculo político habrían sido beneficiados con contratos en entidades públicas. Entre ellos figuran su yerno, Johan Steven Londoño Tamayo, nombrado subgerente de proyectos en el Fondo de Adaptación; su nuera, María Alejandra Torres López, contratada en la misma entidad; y sus hijos Julián David Bedoya Pérez y Jessica Valeria Casas Bedoya, vinculados con el Ministerio del Interior en 2025. Los nombramientos de familiares también hacen parte de los hechos denunciados.

Los documentos señalan que estos nombramientos coincidieron con momentos clave de las discusiones legislativas, como la reforma a la salud y la reforma laboral. En algunos casos, se habrían producido reuniones entre la senadora y altos funcionarios del Gobierno para concertar apoyos a las iniciativas oficiales. La denuncia afirma que el respaldo de Bedoya a la reforma pensional en abril de 2024 estuvo ligado al avance del proyecto de Yarumal, mientras que su voto en contra de la reforma a la salud en diciembre de 2025 reflejó inconformidades con el trato recibido por parte del Ejecutivo. Los tiempos de los contratos y las votaciones legislativas son uno de los puntos centrales de la denuncia.

Los implicados han respondido a los señalamientos. La senadora Bedoya aseguró que no ha recibido notificación oficial y que se defenderá con argumentos ante la justicia, calificando las acusaciones como un intento de perjudicar su campaña. El exministro Velasco negó las versiones sobre supuestas negociaciones de cargos, mientras que el directivo de Findeter Iván Ramírez Rusinque precisó que no ocupaba el cargo señalado en la época de la adjudicación y que los contratos se realizaron bajo normas legales. Los señalados niegan las acusaciones y anuncian defensa jurídica.

Camilo Enciso, autor de la denuncia, afirmó que el caso Findeter podría convertirse en un escándalo de corrupción de gran magnitud, al señalar que la entidad maneja billones de pesos mediante convenios interadministrativos y que se habrían filtrado documentos contractuales a terceros interesados. Según Enciso, la trama sería “veinte veces más grande” que la registrada en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, dada la magnitud de los recursos administrados. El denunciante advierte que el caso podría superar otros escándalos recientes por el volumen de recursos comprometidos.

Juan Joya