Escándalo en la SAE: exconcejal del Valle excavaba en propiedad de ‘Chupeta’ buscando caletas

¿Cómo pudieron acceder a una propiedad incautada para realizar excavaciones sin levantar sospechas?

Carlos Andrés Cruz, un funcionario público vinculado a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de administrar bienes incautados al narcotráfico, fue capturado en flagrancia mientras realizaba excavaciones dentro de una suntuosa propiedad en Cali, aparentemente en busca de caletas de oro ocultas. El hecho ha despertado cuestionamientos sobre la gestión de los bienes incautados y los controles internos de la entidad a cargo de su administración. El predio en cuestión perteneció alguna vez al narcotraficante Juan Carlos Rodríguez Abadía, alias ‘Chupeta’, y actualmente se encuentra bajo custodia del Estado.

Cruz Jurado, exconcejal de Zarzal, Valle del Cauca, había sido vinculado a la SAE en junio de 2024 como profesional grado III en la Territorial Sur. Según lo dieron a conocer fuentes oficiales, el ahora capturado fue sorprendido junto a otras cuatro personas en el interior de la propiedad, realizando excavaciones en las paredes y el piso sin contar con autorización oficial. Los presentes intentaron justificar su presencia mediante contratos de mantenimiento, que las autoridades sospechan fueron falsificados para darle apariencia legal a sus actividades.

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La captura se produjo luego de que vecinos del sector llamaran a la Policía tras escuchar ruidos inusuales dentro de la vivienda. Al llegar al lugar, las autoridades encontraron evidencias de excavaciones clandestinas y herramientas para romper estructuras, lo que respaldaría la hipótesis de que los involucrados buscaban bienes ocultos por redes criminales en este inmueble incautado. Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de los otros implicados, pero el caso ha sido catalogado como un posible intento de saqueo de recursos vinculados al narcotráfico.

En respuesta al escándalo, la SAE emitió un comunicado en el que anunció la separación inmediata de Cruz Jurado de su cargo y reafirmó su compromiso con la transparencia institucional. La entidad instó a la Fiscalía General de la Nación a realizar una investigación exhaustiva y aseguró estar colaborando plenamente con las autoridades. No obstante, el episodio ha generado inquietud sobre la supervisión de los bienes incautados y si existen otras irregularidades en su manejo.

El caso se suma a una serie de señalamientos sobre problemas al interior de la SAE, incluyendo denuncias laborales y críticas a la gestión de su actual directora, Amelia Pérez. Aunque no se ha confirmado una relación entre estos aspectos y el intento de saqueo, el hecho vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la falta de controles eficaces en la administración de activos incautados. Hay quienes señalan que este incidente podría ser indicativo de prácticas más extendidas dentro de la entidad, lo que aumenta la presión sobre el Gobierno para fortalecer mecanismos de vigilancia y regulación.

A partir de este cuestionable descubrimiento, surgen varias preguntas sobre el futuro de la SAE y sus operaciones. ¿Cómo evitar que funcionarios accedan de manera indebida a bienes incautados para beneficio propio? ¿Qué acciones tomará el Gobierno para prevenir que casos como este se repitan en el futuro? ¿Hasta qué punto existen estructuras de corrupción dentro de la entidad que podrían estar facilitando el desvío de recursos estatales? Más allá de la captura de Cruz Jurado, lo cierto aquí es que este caso plantea un desafío sobre la confianza pública en la SAE y la necesidad de reformas estructurales para garantizar una administración adecuada de los bienes decomisados al crimen organizado.

Juan Joya