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Este miércoles 26 de noviembre, el Centro Democrático cuestionó al presidente Gustavo Petro por pronunciarse nuevamente sobre el proceso judicial de Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, quien en las últimas horas recibió una condena en segunda instancia por parte del Tribunal Superior de Antioquia, a 28 años de prisión por los delitos de homicidio y concierto para delinquir agravado, en hechos relacionados con el grupo paramilitar “Los Doce Apóstoles”, que operó en Yarumal y otros municipios del norte de dicho departamento.
En un mensaje compartido en la red social X, la colectividad afirmó: “Que usted vuelva a intervenir en asuntos judiciales del hermano del expresidente Uribe no es casual”, asegurando que sus declaraciones serían una “cortina de humo” para desviar la atención de hechos que, según el partido, comprometen a su administración. Para la oposición, estas intervenciones buscan desplazar del debate público las recientes denuncias que involucran a instituciones del Estado.
El grupo político hizo referencia a las revelaciones publicadas por Noticias Caracol, donde se mostraron presuntas pruebas incautadas a la disidencia de “Calarcá”. Según el informe, ese material incluiría comunicaciones y posibles vínculos entre el grupo ilegal y altos mandos del Ejército e inteligencia estatal. También subrayó que existen denuncias sobre “filtraciones en su campaña presidencial, protección, negocios y hasta posible financiación de campaña” con esos mismos actores. Para la colectividad, estos hechos deberían motivar respuestas claras y no “ataques políticos de siempre”.
Asimismo, reiteraron que el caso del hermano del exjefe de Estado aún no está cerrado y que, por lo tanto, deben respetarse las garantías judiciales. Recordaron que, en primera instancia, “Santiago Uribe fue absuelto de todos los cargos”, y que la defensa agotará cada recurso legal, incluida la casación. Igualmente, enfatizaron que el debido proceso y la presunción de inocencia siguen vigentes mientras no exista un fallo definitivo, y además afirmaron que este estándar jurídico “es la protección de derechos fundamentales que consagra el Estado de Derecho”.
Por lo tanto, el partido uribista pidió también tener en cuenta el contexto del caso y mantuvo sin cambios la lista de hechos que, según ellos, han influido en el proceso, señalando lo siguiente:
1. El principal testigo del caso fue destituido por narcotráfico en el gobierno del Presidente Uribe. Fue protegido en Venezuela por el Cartel de los Soles.
2. Eduardo Montealegre acusó a Santiago Uribe 6 meses antes del plebiscito Santos-FARC.
3. No existe ningún otro condenado por los 12 Apóstoles.
4. El fallo será impugnado ante la Honorable Corte Suprema de Justicia. Hasta que ésta decida, la presunción de inocencia de Santiago Uribe Vélez queda intacta.
Para la colectividad, estos elementos demuestran que el debate no puede reducirse a ataques mediáticos, y concluyeron insistiendo en que el presidente Petro no debe “venir con señalamientos reciclados” para ocultar lo que describen como una posible infiltración criminal en instituciones del Estado. Según el texto, las pruebas divulgadas apuntan a una “infiltración mafiosa y criminal de las FARC” que habría comprometido a funcionarios promovidos por el actual Gobierno.
¿Qué dijo el primer mandatario?
En la misma red social y tras conocerse la condena, el jefe de Estado escribió que fue él fue quien denunció en 2007, desde el Senado, la existencia de los “12 apóstoles” como origen de las Convivir y del paramilitarismo en Antioquia, señalando a Santiago Uribe Vélez y a narcotraficantes como los Ochoa Vásquez por su presunta participación en grupos de limpieza social responsables de centenares de asesinatos y desapariciones en zonas como Yarumal y Titiribí. Petro afirma que estas denuncias desataron persecución contra su familia, interceptaciones ilegales del DAS y exilios forzados, y sostiene que hoy sectores de la extrema derecha en EE. UU., vinculados políticamente al expresidente Álvaro Uribe, buscan vengarse de él mientras continúan ocultando nexos con el narcoterrorismo.
Dayineth Isabel Molina Velásquez
