‘Epa Colombia´ dejaría El Buen Pastor tras solicitud del Gobierno

sería reubicada en Bogotá por razones humanitarias, sin beneficios legales.

La reconocida influencer Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, vuelve a ser noticia por un posible traslado desde la cárcel El Buen Pastor a la Estación de Carabineros de la Policía en Bogotá. La decisión, que empezó a estudiarse el 14 de agosto de 2025, fue autorizada por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá y responde a una solicitud del Ministerio de Justicia, en cumplimiento de una instrucción presidencial. El traslado busca mejorar sus condiciones de reclusión, sin que eso implique beneficios como libertad condicional o detención domiciliaria.

La estación policial está ubicada dentro del perímetro urbano de la capital y actualmente alberga a otras figuras públicas privadas de la libertad, como Sandra Ortiz, exconsejera presidencial, y Margareth Chacón Zúñiga, condenada por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Barrera fue condenada por instigación a delinquir con fines terroristas y otros delitos relacionados con la destrucción de una estación de TransMilenio durante el estallido social de 2021. Desde entonces ha estado recluida en El Buen Pastor, donde participa en actividades de estudio y trabajo que podrían reducir su pena.

Desde hace siete meses, Barrera ha solicitado beneficios judiciales que le permitan cumplir su condena en condiciones menos restrictivas. Sin embargo, los jueces han rechazado esas peticiones, argumentando que los delitos por los que fue condenada no califican para medidas como la detención domiciliaria o el traslado a guarniciones militares. Su defensa ha insistido en que Barrera es madre cabeza de hogar, lo que podría habilitarla para acogerse a la Ley 2292 de 2023, que permite sustituir penas por servicios comunitarios en ciertos casos.

Su situación judicial se ha visto afectada por errores en la estrategia legal. La abogada penalista Diana Muñoz Castellanos señaló que “ella aceptó delitos que no debía aceptar” y que “tener plata no significa estar bien asesorado”. Esa aceptación derivó en una sentencia condenatoria irrevocable, lo que impide abrir nuevos debates probatorios o presentar pruebas que modifiquen el fallo. Muñoz también advirtió que algunas solicitudes recientes podrían considerarse “temerarias”, lo que pondría en riesgo a los abogados defensores, aunque no a la condenada.

El caso también ha generado reacciones políticas. Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, criticó el trato judicial hacia Barrera en comparación con el expresidente Álvaro Uribe. “EPA Colombia la tienen sin celular en una celda fría de 2 x 2 en el Buen Pastor, mientras Uribe lo tienen con cámara, celular, en una hacienda por cárcel”, escribió en redes sociales. El comentario desató de nuevo el debate sobre la proporcionalidad de las penas y el acceso a beneficios penitenciarios.

Durante el Consejo de Ministros del 14 de agosto, el presidente Gustavo Petro se refirió directamente al caso. “A Epa se la llevan presa, ¿por cuánto es? Porque le pegó a un vidrio, ¿cierto? Ella restituye el vidrio, que es un bien público, pero lo hace en medio del estallido social”, dijo. En ese mismo espacio, pidió a la ministra de Justicia aplicar la Ley 2292 en favor de Barrera, recordando que su gobierno impulsó esa norma para proteger a mujeres en condiciones de marginalidad.

Recordemos que jefe de Estado ya se había pronunciado sobre el caso durante el Consejo de Ministros del 15 de julio de 2025, reiterando su postura frente a la proporcionalidad de la condena. La solicitud del Gobierno para revisar el régimen de reclusión de Barrera se da en medio de una lectura política de la Ley 2292, pensada para beneficiar a mujeres en situación vulnerable. Aun así, cualquier cambio en su condena debe pasar por filtros técnicos y legales que no dependen del Ejecutivo. Asi las cosas, queda claro que, por más respaldo político que exista, las decisiones sobre beneficios penitenciarios son competencia exclusiva de los jueces. Si el traslado se concreta, tendrá que estar sustentado en hechos verificables y no en presiones externas.

JUAN JOYA