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La decisión de la Corte Constitucional de devolver la reforma pensional al Congreso generó reacciones inmediatas entre los actores clave del sistema. Mientras los fondos privados celebran la claridad jurídica, Colpensiones advierte sobre los impactos operativos, y el Ministerio de Trabajo insiste en mantener vivo el proyecto.
Desde Asofondos, gremio que agrupa a los fondos privados de pensiones, la devolución del proyecto es vista como un alivio institucional. Su presidente, Andrés Velasco, destacó que el fallo de la Corte evita que la reforma entre en vigencia con vacíos en su trámite. “Es importante que la Corte se haya pronunciado antes del 1 de julio, porque así no se genera inseguridad jurídica ni confusión entre los trabajadores”, aseguró. Además, insistió en que se mantienen en firme los traslados hechos durante la ventana y la existencia legal de las SACAI (Sistema de Ahorro Complementario de las Administradoras Individuales).
Por su parte, desde Colpensiones, entidad que asumiría un papel central bajo el modelo de pilares propuesto por la reforma, el pronunciamiento de la Corte genera cautela. Aunque respaldan la legalidad del proceso, advierten que la suspensión de la implementación podría afectar la planificación operativa y tecnológica ya en marcha. “Nos veníamos preparando para asumir nuevas funciones, y ahora debemos ajustar ese ritmo a la incertidumbre que deja este impasse legislativo”, señalaron fuentes internas.
https://twitter.com/Colpensiones/status/1935144190784192757
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, sostuvo una posición conciliadora, aunque firme en defensa de la reforma. En su declaración oficial, señaló que el Gobierno acata la decisión judicial, pero que eso no implica la caída del proyecto. “La reforma pensional sigue viva. Vamos a cumplir los pasos indicados por la Corte y a perfeccionar el trámite para garantizar una ley sólida, justa y sostenible”, expresó. Para el ministro, este revés legislativo puede ser también una oportunidad para fortalecer el diálogo y reforzar los acuerdos políticos necesarios.
https://twitter.com/AntonioSanguino/status/1935112823740510396
Otro aspecto clave mencionado por los actores es la ambigüedad del término “fallo definitivo” que menciona la Corte. Para Asofondos, aún no está claro si el alto tribunal hará una revisión solo del procedimiento legislativo o también del contenido sustancial de la norma. Esa definición será crucial para proyectar una nueva fecha de entrada en vigencia de la ley. Por ahora, todas las reglas de la Ley 100 se mantienen vigentes, incluidas las condiciones de pensión, cotización y devolución de aportes.
En cuanto al calendario, la Corte otorgó 30 días a la Cámara de Representantes para rehacer el cuarto debate. De aprobarse un texto diferente al del Senado, se deberá convocar a conciliación. El Congreso tendrá margen hasta junio de 2026 para finalizar el trámite. El Gobierno analiza si es viable convocar sesiones extraordinarias para avanzar en este periodo legislativo.
La reforma pensional, una de las conquistas sociales más ambiciosas del Gobierno, enfrenta así un nuevo momento de análisis y negociación. Mientras los fondos privados destacan el retorno a la seguridad jurídica, el sector público se adapta a la pausa operativa, y el Ejecutivo busca relanzar políticamente el proyecto, el país sigue bajo el régimen vigente, a la espera de definiciones clave para millones de afiliados.
JUAN JOYA




