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Las inundaciones que afectan al departamento de Córdoba se han convertido en una crisis de grandes proporciones, con impactos severos en la mayoría de los municipios y un número significativo de familias damnificadas. El gobernador Erasmo Zuleta Bechara ha descrito la situación como “un hecho sin precedentes en la historia” del territorio, tras registrar que 24 de los 30 municipios —equivalentes al 80 % del departamento— presentan algún nivel de afectación por las crecientes de ríos como el Sinú y otros afluentes.
Las lluvias intensas, consideradas inusuales para esta época del año, han provocado desbordamientos que han anegado amplias zonas urbanas y rurales, dejando daños materiales, pérdidas de cultivos y viviendas inundadas. Las cifras oficiales disponibles varían según la fuente: mientras que el gobernador local ha señalado que más de 120.000 personas han perdido bienes o han sido desplazadas por las aguas, reportes gubernamentales sitúan en decenas de miles las familias afectadas directamente por el desastre.
Así las cosas, el gobernador Zuleta Bechara hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro para que el próximo Consejo de Ministros se realice en Córdoba y las decisiones vinculadas a la emergencia se tomen “desde el territorio, con nuestra gente y con información en tiempo real”. El mandatario regional ha pedido además la presencia permanente del Gobierno nacional para coordinar recursos, respuesta humanitaria y medidas que aborden tanto la atención inmediata como los efectos posteriores a la emergencia.
La emergencia ha llevado a la suspensión de clases en al menos 27 municipios no certificados, mientras continúan las evaluaciones de infraestructura, vías, movilidad y condiciones de seguridad para estudiantes, docentes y personal administrativo. Las autoridades locales han señalado que la prioridad es garantizar condiciones que permitan un retorno a clases seguro, una vez verificada la estabilidad de las sedes y vías de acceso.
Más allá de la atención de urgencia, el gobernador ha insistido en la necesidad de un plan de reactivación económica y reparación de daños para las actividades productivas del departamento, entre ellas la agroindustria, la ganadería, la pesca y el comercio, sectores que han sufrido impactos significativos por la inundación de tierras y la pérdida de activos productivos.
A nivel nacional, el presidente Gustavo Petro anunció que se evaluará la declaración de emergencia económica, social y ambiental para la región afectada, en un intento por articular recursos y acciones estatales frente a la catástrofe. Datos preliminares relacionados con la temporada de lluvias también señalan la destrucción de miles de viviendas y la afectación directa de cientos de miles de personas en departamentos como Córdoba y Sucre, ampliando el alcance de la respuesta del Gobierno nacional y la coordinación con entidades técnicas y de gestión del riesgo.
Juan Joya




