Embarazos forzados, prohibición de anticonceptivos y amenazas: Defensoría alerta crisis en zonas de conflicto armado

La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta sobre graves violaciones a los derechos sexuales y reproductivos en zonas de conflicto armado en Colombia. Según su informe, en lugares como Chocó, Arauca, Guainía, Vichada, Cauca, Putumayo, Amazonas, Nariño, Buenaventura y la subregión del Catatumbo, mujeres, niñas, adolescentes y personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas sufren violencia, restricciones al cuidado de salud y control de su sexualidad.

La entidad señala que los grupos armados ilegales ejercen un control que impide el acceso a servicios de salud, limita la autonomía reproductiva y restringe libertades personales.  Se documentan casos de embarazos forzados, prohibición del uso de anticonceptivos y negación de acompañamiento para planificación familiar.

En ese sentido, manifestaron que en la subregión del Catatumbo, algunas mujeres sobrevivientes relataron que la violencia sexual se tradujo en embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual sin tratamiento y elevados niveles de estrés debido al miedo permanente causado por la presencia armada.  Además, muchas personas desplazadas dijeron que sienten terror, pues los grupos en conflicto controlan el territorio y restringen la movilización y el acceso a servicios básicos.

“Sobre la base de las personas consultadas, la Defensoría del Pueblo evidenció que alrededor del 20% de las mujeres dijo tener infecciones de transmisión sexual (ITS) agravadas por la falta de atención médica, y el 80% de las mujeres desplazadas manifestó miedo constante debido a la presencia armada en el territorio”, explicaron en el comunicado.

Igualmente, también denuncia graves fallas en la atención médica, como el personal sanitario que ha sido amenazado por intentar ayudar, lo que impide brindar atención en salud sexual, reproductiva y mental a las víctimas. Estas barreras, de acuerdo con la entidad, empeoran las condiciones de quienes ya viven un contexto de violencia, aislamiento y violación de sus derechos.

“En Chocó han documentado prácticas de explotación sexual, trata de mujeres migrantes y niñas de 10 a 12 años con ITS producto de violencia sexual. Parteras y personal médico han sido amenazados cuando intentan brindar atención en salud, y han sido reportados asesinatos de personas tras ser obligadas a someterse a pruebas rápidas de ITS por grupos armados. En Buenaventura, Valle del Cauca, han sido registrados feminicidios perpetrados por grupos armados, aumento de violencia sexual contra adolescentes y mujeres migrantes, amenazas a personal de salud y dificultades extremas para acceder a medicamentos o activar rutas de atención por confinamientos y control territorial”, añadió.

Para solucionar esta situación, la Defensoría exige que el Estado garantice servicios de salud oportunos, seguros y dignos, con especial atención a salud sexual, reproductiva y mental.  Además, pide integrar un enfoque de género en los mecanismos de prevención, protección y atención humanitaria, con planes coordinados y presencia institucional en los territorios afectados.

La institución advierte que, sin acciones concretas, mujeres, niñas y personas diversas seguirán siendo víctimas de violencia sexual, control social y negación de derechos fundamentales. “Es determinante garantizar el respeto por el derecho internacional humanitario (DIH), por lo tanto, el ingreso a las zonas, la presencia y labor de misiones médicas y humanitarias”, concluyó.

Dayineth Isabel Molina Velásquez