ELN acusa a Petro de traicionar la paz tras bombardeos en Catatumbo

¿Es coherente que cuestionen las decisiones del Gobierno cuando al mismo tiempo mantienen acciones armadas activas?

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) difundió un comunicado en el que lanza fuertes señalamientos contra el presidente Gustavo Petro por los recientes bombardeos realizados en zona rural del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander. Según esa organización armada, las operaciones militares ordenadas por el Gobierno representarían un quiebre frente a los contactos que se venían adelantando para retomar una salida política negociada al conflicto.

En el documento, fechado el 8 de febrero de 2026 y suscrito por el Comando Central del ELN, la guerrilla afirma que el Gobierno colombiano “ha decidido claudicar ante las órdenes del imperio de Estados Unidos” y que, con ello, habría abandonado las políticas de paz que había planteado al inicio del mandato. El grupo sostiene que la creciente militarización impide hablar de superación del conflicto armado y compromete, a su juicio, la soberanía nacional.

El ELN asegura que el 2 de febrero recibió a un emisario del presidente Gustavo Petro, acompañado por una delegación de la comunidad internacional y de la Conferencia Episcopal Colombiana, con el propósito de explorar caminos para retomar la solución política al conflicto. En esa reunión, según el comunicado, la guerrilla habría ratificado su voluntad de paz y su disposición a buscar salidas a la crisis de la Mesa de Diálogos.

Sin embargo, el grupo armado afirma que, en la madrugada del 4 de febrero, el presidente ordenó a las Fuerzas Armadas bombardear la misma región del Catatumbo donde horas antes había concluido dicho encuentro. Para el ELN, esa decisión contradice de manera directa las señales de diálogo expresadas por el Gobierno y evidencia un cambio hacia una estrategia de confrontación militar.

En su pronunciamiento, la organización sostiene que la gravedad de lo ocurrido no radica únicamente en la orden de ejecutar acciones de guerra, sino en que estas niegan alternativas de paz que, según afirman, estaban en curso y contaban con autorización presidencial. El ELN también señala que las operaciones militares habrían priorizado la protección de estructuras armadas surgidas tras la desmovilización de las antiguas FARC, y advierte que el bombardeo de zonas pobladas constituiría una violación al Derecho Internacional Humanitario.

Finalmente, el grupo insurgente afirma que las decisiones adoptadas por el Gobierno dejan sin respaldo las gestiones realizadas por los emisarios presidenciales y por la Iglesia, y cuestiona la coherencia de la política de paz del Ejecutivo. Pese a ello, el ELN reitera en el comunicado su intención de mantener el diálogo con sectores sociales, organizaciones populares y comunidades, mientras se produce el relevo en el Gobierno nacional, con el objetivo de avanzar en la propuesta de un Acuerdo Nacional.

Juan Joya