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Más de 600 municipios presentan algún nivel de riesgo, según el Sistema de Alertas Tempranas.
La Defensoría del Pueblo presentó este martes 7 de octubre la Alerta Temprana Electoral 001-2025, un documento técnico que advierte sobre riesgos graves para el ejercicio democrático en Colombia de cara a las elecciones presidenciales y legislativas del 2026. La alerta fue socializada en la reunión de la Comisión de Seguimiento Electoral, encabezada por el registrador nacional Hernán Penagos, la defensora Iris Marín y el ministro del Interior Armando Benedetti.
Según el informe, al menos 62 municipios presentan riesgo grave, mientras que 162 requieren acción urgente y 425 están bajo vigilancia prioritaria. En total, 649 municipios del país enfrentan algún nivel de vulnerabilidad electoral. La evaluación fue realizada por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría, con el apoyo de más de 100 analistas distribuidos en 42 sedes regionales. El análisis incluyó 2.122 municipios, es decir, el 100 % del territorio nacional.
Las zonas con mayor concentración de riesgo grave se ubican en Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander, Arauca, Córdoba, Bolívar, Magdalena, Meta y Putumayo. En estos departamentos, la presencia de grupos armados ilegales, el debilitamiento institucional, los desplazamientos forzados y las amenazas contra líderes sociales y candidatos configuran un escenario complejo para garantizar el derecho al voto.
La alerta también identifica tres grupos poblacionales especialmente vulnerables: candidatos y simpatizantes de partidos políticos, defensores de derechos humanos y servidores públicos con funciones electorales. En varios municipios, estos actores enfrentan restricciones para movilizarse, realizar campañas o ejercer sus funciones sin presiones ni riesgos. “La violencia y la presión de actores armados pueden distorsionar la voluntad popular y afectar la legitimidad del proceso”, señala el documento.
Entre las entidades más afectadas por estas condiciones están las registradurías municipales, los puestos de votación rurales y las zonas donde históricamente ha habido baja participación electoral. La Defensoría advierte que, si no se toman medidas urgentes, “el derecho fundamental a elegir y ser elegido podría verse comprometido”. Por eso, el informe fue entregado como insumo técnico para que las autoridades nacionales y territoriales diseñen estrategias de prevención y protección.
Durante la reunión de la Comisión de Seguimiento Electoral, se reiteró que el Estado debe actuar con oportunidad y coordinación. La Registraduría Nacional trabaja en ajustes logísticos y de seguridad, mientras el Ministerio del Interior evalúa mecanismos de protección en los territorios más críticos. La diferencia entre las cifras del Gobierno (104 municipios en riesgo) y las de la Defensoría (649 municipios con algún nivel de riesgo) revela la necesidad de contar con diagnósticos más precisos y enfoques territoriales diferenciados.
En los próximos días se espera que se definan acciones interinstitucionales para atender los llamados de la Defensoría y garantizar condiciones mínimas para el ejercicio democrático. El país se prepara para un proceso electoral que, aunque previsto en el calendario constitucional, enfrenta desafíos estructurales que requieren atención urgente, voluntad política y presencia estatal efectiva en los territorios más vulnerables.
Juan Joya
