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La Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral (MOE) presentaron el primer informe de seguimiento al Compromiso por un proceso electoral libre y en paz en Colombia, una iniciativa suscrita el 10 de junio con miras a las elecciones de 2026. El reporte advierte avances significativos, pero también riesgos asociados a la polarización y la difusión de información no verificada.
El compromiso cuenta con el acompañamiento de la Conferencia Episcopal de Colombia, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. Su objetivo es fortalecer la democracia, prevenir la violencia política y garantizar los derechos fundamentales en la contienda electoral de 2026.
El primer informe analiza el periodo comprendido entre el 15 de julio y el 15 de diciembre de 2025 y evaluó el comportamiento de 27 precandidaturas presidenciales.
Nivel de cumplimiento y alineación
De las 27 precandidaturas que se sumaron al Compromiso, el nivel de avance alcanzó el 81,7 %. Además, se hizo seguimiento a quienes no lo suscribieron, evaluando su alineación con los principios establecidos. En este grupo, el porcentaje fue del 56,4 %.
Según la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, 26 candidaturas firmaron el compromiso, de las cuales 18 siguen activas. Explicó que el monitoreo se realizó con una metodología construida junto a la MOE, agrupando los nueve compromisos en cuatro bloques temáticos.
Proteger la vida y promover la no violencia (82,1 %)
Este bloque evidencia una tendencia favorable hacia el ejercicio político basado en la defensa de la vida y la no violencia. Se identificaron buenas prácticas en la adopción de protocolos y estrategias pedagógicas para prevenir la violencia política.
Sin embargo, el informe señala que persiste el desafío de fortalecer acciones efectivas para proteger especialmente a mujeres, personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas y grupos étnicos. El objetivo es consolidar una cultura política centrada en la dignidad humana y los derechos fundamentales.
Institucionalidad democrática (92,6 %)
Es el bloque con mayor nivel de cumplimiento. El seguimiento muestra un alto grado de respeto por la Constitución, la ley y las autoridades electorales, así como reconocimiento del diálogo institucional como base del sistema democrático.
No obstante, el principal reto es preservar la confianza ciudadana y evitar que la dinámica electoral erosione la legitimidad de las instituciones.
Debate plural y democrático (45,2 %)
Este eje, considerado central en el compromiso, registra el nivel más bajo de avance. Aunque se observan esfuerzos por promover prácticas comunicativas responsables, persisten riesgos relacionados con la polarización, la estigmatización y la circulación de información sin verificación.
El informe concluye que aún no se consolida plenamente un debate plural como práctica transversal entre las precandidaturas, lo que representa un desafío prioritario para la calidad del proceso electoral y la participación ciudadana.
Buen futuro para la política (77 %)
Este bloque reconoce el “buen futuro” como un derecho humano emergente vinculado a la justicia social, la sostenibilidad y la inclusión de juventudes históricamente excluidas, entre ellas jóvenes indígenas, afrodescendientes, campesinos, personas OSIGNH, con discapacidad o migrantes.
El seguimiento evidencia avances, pero también brechas en el respaldo efectivo a la protesta pacífica y en la inclusión real de estas poblaciones. El reto es pasar de compromisos simbólicos a acciones concretas que garanticen participación efectiva e incidencia real en la toma de decisiones.
Recomendaciones a campañas y al Estado
Tras la presentación del informe, la defensora formuló varias recomendaciones. En primer lugar, instó a las campañas a adoptar protocolos claros de defensa de la vida y de no violencia, que incluyan directrices internas para evitar mensajes agresivos y prevenir la violencia de género dentro de los equipos políticos.
También sugirió establecer lineamientos para el uso responsable de la inteligencia artificial y fortalecer los mecanismos de verificación de información antes de su difusión, con el fin de reducir la desinformación.
A las instituciones del Estado les recomendó implementar medidas integrales y sostenidas de seguridad, fortalecer la confianza en la institucionalidad electoral y robustecer las capacidades de diálogo, mediación y gestión pacífica de conflictos.
En conjunto, el informe concluye que la adopción de compromisos éticos y democráticos mejora la calidad del debate público, pero advierte que el proceso electoral de 2026 exigirá mayor responsabilidad política y comunicativa para garantizar una contienda libre de violencia y desinformación.
Humberto ‘Toto’ Torres
