El Salvador recibe 20.000 USD por preso deportado: polémica por acuerdo entre Trump y Bukele para encarcelar venezolanos

Las imágenes de presuntos integrantes del Tren de Aragua llegando a la megacárcel de El Salvador han dado la vuelta al mundo. Escoltados por policías, con esposas en pies y manos y obligados a marchar en fila, más de 200 venezolanos deportados desde Estados Unidos fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la prisión de máxima seguridad que el presidente Nayib Bukele ha convertido en su símbolo de mano dura contra el crimen.

Detrás de esta operación hay un polémico acuerdo entre Bukele y su homólogo estadounidense, Donald Trump. Según este pacto, El Salvador recibiría 20.000 dólares anuales por cada preso deportado, consolidando un modelo de negocio carcelario sin precedentes en la región.

Sin embargo, esta cifra queda corta frente a los 200 millones de dólares anuales que cuesta sostener el sistema penitenciario salvadoreño, según declaraciones del propio Bukele recogidas por El País de España.

¿Una nueva “Guantánamo” en Centroamérica?

El acuerdo, negociado en secreto por el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, busca convertir el CECOT en una extensión del sistema penitenciario de EE. UU. De esta manera, El Salvador se convierte en una cárcel tercerizada para Washington, en un esquema que recuerda a la prisión de Guantánamo.

Para Bukele, este pacto no solo representa una fuente de ingresos, sino también un impulso a su narrativa de “guerra contra las pandillas”. La megacárcel, construida inicialmente para miembros de la Mara Salvatrucha 13 y el Barrio 18, ahora albergará también a criminales extranjeros.

El consultor y experto en seguridad Luis Enrique Amaya explicó a El País que para Bukele este acuerdo va más allá del dinero: “Quiere venderse al mundo como un país que tiene un sistema penitenciario verdaderamente estricto y riguroso. Eso es mucho más beneficioso para él que el dinero”, afirmó.

Debate legal en EE. UU. y dudas sobre derechos humanos

El operativo de deportación no estuvo exento de controversia. Un juez estadounidense ordenó la suspensión del vuelo y el regreso inmediato de los deportados a EE. UU. Sin embargo, la administración Trump desoyó la orden, argumentando que llegó cuando los aviones ya sobrevolaban aguas internacionales.

Este desafío legal ha generado un intenso debate en EE. UU. sobre si Trump violó una orden judicial, un caso que podría escalar hasta la Corte Suprema.

En El Salvador, en cambio, la discusión se centra en la legalidad de encarcelar a estos deportados sin juicio previo. Expertos advierten que esta práctica podría constituir una grave violación a los derechos humanos.

Mientras el pacto sigue envuelto en secretismo, se especula que en el futuro podría ampliarse para recibir a más detenidos, lo que significaría nuevos ingresos para El Salvador, pero también un mayor escrutinio internacional sobre su política carcelaria.

Humberto ‘Toto’ Torres