Al presentarle al Congreso su proyecto presupuestal 2022, el izquierdista plantea reducir en casi un 50 por ciento las operaciones militares y policiales contra la recurrencia terrorista y los narcogrupos que operan en el mítico valle del «Vraem», o de los ríos Apurimac, Ene y Mantaro, donde se concentra la mitad de los cultivos ilícitos, o sea, unas 45 mil hectáreas.
En concreto, a Castillo se le ocurre reducir de 27 a 13 millones se dólares el monto para contener a estas organizaciones, tal vez, con el consabido pretexto de que las Fuerzas Armadas gozan de demasiados privilegios, que la lucha contra las drogas condena la inversión social, y que al ser un ejemplo de “forever wars”, resulta necesario ponerle coto.
Pero se equivoca. Al verlo como un problema local que puede manejarse a la usanza populista para destinar recursos al asistencialismo, está afectando en tres frentes al país, al mismo tiempo.
Por una parte, les devuelve bríos y pujanza a los terroristas, compungidos por la muerte de su fundador, mentor y comandante Abimael Guzmán.
Por otra, marchita la relativa estabilidad, empujando a los jóvenes a vincularse a las filas de los violentos pues, al ver que el Estado se debilita, perciben que el crimen es una prometedora forma de vida.
Y por último, impulsa a los extremistas a perfeccionar su modus operandi pues gozarán de la holgura necesaria para estrechar sus vínculos con las redes de la delincuencia transnacional, incrementando la inseguridad en las fronteras y elevando los niveles de riesgo en el vecindario.
Ahora, que con los pavorosos ataques lanzados por la alianza Farc-Eln en Arauca, desde Venezuela, ha quedado claro -una vez más- que la dictadura chavista promueve este circuito, sería preocupante que se refinara la «trilateral del terror» Farc-Eln-Sendero, y que Castillo se viera mancomunado con Maduro, Ortega y Díaz Canel.
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