Pasaron ocho años para que Brasil regresara al Mapa del Hambre de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
Los detractores del ultraderechista, Bolsonaro, recalcan que en 2014, tras una década de programas sociales impulsados por los expresidentes Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva y Dilma Rousseff, El país más poblado de América Latina había conseguido salir de esta estadística.
En la actualidad, al menos 33 millones de brasileños pasan hambre, esto, en los datos de la Red Brasileña de Investigación de la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Penssan).
Cabe destacar que más de 60 millones de personas sufren inseguridad alimentaria; en la práctica, no tienen acceso suficiente a la alimentación, pese a vivir en un país que está entre los mayores productores y exportadores de alimentos del mundo.
Aunque el segundo mandato de Dilma Rousseff acarreaba una crisis, la pandemia del Covid-19 agravó la crisis económica que se traía desde el segundo mandato. Las imágenes de personas buscando comida en la basura golpearon duramente en la opinión pública. Muchos supermercados brasileños pasaron a ofertar huesos y leche aguada para facilitar las compras entre los más desfavorecidos.
Este contexto social lleva a que muchas personas sobrevivan gracias a la solidaridad de amigos y desconocidos. Asimismo, las labores sociales como las del profesor de Filosofía y Literatura Roberto Ponciano quien entrega canastas básicas a decenas de familias que viven en un barrio popular construido dentro del programa ‘Minha casa, minha vida’.
El representante vecinal, Russo, explica: “Hoy muchos vecinos intentan mantenerse a flote a pesar de la crisis y el desempleo. Muchos vecinos ni siquiera consiguen pagar la cuota mensual de la comunidad. La cosa está fea”.
En el boca a boca de millones de brasileros se sostiene que “dese que llegó Bolsonaro al poder, la situación es difícil. Yo mismo lo he notado y muchas personas que conozco están igual”.
Para sus opositores, el hambre y el empobrecimiento de una parte de la población son el legado que deja el presidente Jair Bolsonaro tras cuatro años de gobierno, junto a la deforestación descontrolada. La Amazonía brasileña registra las peores tasas de los últimos 15 años.
Muchos profesionales que protegen al medio ambiente, acusan a Bolsonaro de haber estrangulado económicamente a los principales órganos de protección de los bosques amazónicos, incluso han sido militarizados y sus presupuestos han sufrido drásticos recortes.
Ni siquiera los comisarios de la Policía Federal (PF) se libran del estricto control gubernamental. El comisario Saraiva indicó: “El legado del Gobierno Bolsonaro para la Amazonía es la destrucción. Es la complicidad con el crimen organizado que destruye la Amazonía, intentando culpar a los indígenas, a los periodistas, a los indigenistas, a todas aquellas personas que están allí para combatir el crimen, como si ellas tuviesen la culpa de ser víctimas”.
Cabe destacar que la deuda pública de Brasil ha crecido dos puntos desde 2019 y ronda el 78% del PIB. No obstantes, el desempleo registra el mejor dato de los últimos siete años, situándose en el 9,3%. Sin embargo, la alta inflación y la renta per cápita de los brasileños siguen preocupando a los especialistas.
Escrito por: Humberto ´Toto´ Torres