El Gobierno colombiano designó a 16 antiguos dirigentes de las Autodefensas Unidas de Colombia como gestores de paz hasta 2026.

El Gobierno colombiano oficializó la designación de 16 excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como gestores de paz, en el marco de la política de Paz Total liderada por el presidente Gustavo Petro. La Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025 establece que los nombrados ejercerán funciones hasta el 6 de agosto de 2026, sin que ello implique beneficios judiciales ni modificación de su situación jurídica.

Entre los designados figuran figuras ampliamente conocidas por su rol en el conflicto armado colombiano, como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (‘Jorge 40’), Diego Fernando Murillo (‘Don Berna’), Carlos Mario Jiménez (‘Macaco’), Freddy Rendón Herrera (‘El Alemán’) y Hernán Giraldo Serna. Todos ellos acumulan condenas por delitos como homicidio, desaparición forzada, violencia sexual, reclutamiento de menores, narcotráfico y desplazamientos masivos.

Según el Gobierno, el objetivo de esta medida es “aprovechar su experiencia en el conflicto para prevenir nuevas violencias” y consolidar compromisos de verdad, reparación y no repetición. Los gestores podrán participar en actividades desde centros penitenciarios, incluso de manera virtual, tanto en Colombia como en el extranjero. La resolución aclara que “no se otorgarán beneficios judiciales ni se modificará su situación jurídica”, aunque no especifica mecanismos de control ni límites operativos.

La decisión ha generado una fuerte controversia en distintos sectores políticos, sociales y académicos. Para organizaciones de víctimas, juristas y líderes regionales, “designar a exparamilitares con amplios historiales criminales representa un mensaje de impunidad y revictimización”. En contraste, el Ejecutivo sostiene que se trata de un paso necesario para cerrar un proceso de paz inconcluso que dejó vacíos institucionales y nuevas violencias en las regiones más afectadas.

Los nombres incluidos en la resolución también han sido protagonistas de procesos judiciales en el marco de la Ley de Justicia y Paz y ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Varios de ellos fueron extraditados a Estados Unidos en 2008 y han retornado al país en medio de procesos de colaboración judicial. Salvatore Mancuso, por ejemplo, ha sido llamado por la JEP para aportar verdad sobre alianzas entre paramilitares y agentes del Estado, mientras que otros como Jorge 40 enfrentan múltiples condenas por masacres y desplazamientos.

La controversia se intensifica por el simbolismo de la decisión. Mientras algunos sectores ven en ella una oportunidad para cerrar heridas históricas, otros cuestionan la legitimidad de otorgar roles institucionales a quienes lideraron estructuras armadas responsables de miles de víctimas. “No se puede construir paz con quienes sembraron el terror”, afirman voceros de organizaciones de derechos humanos.

Además del debate ético, persisten dudas jurídicas sobre el alcance de la figura de gestor de paz. Aunque la Ley 2272 de 2022 permite esta designación en el marco de la Paz Total, expertos advierten que su aplicación a condenados por crímenes de lesa humanidad podría contradecir principios internacionales de justicia transicional. “La participación institucional de exjefes armados debe estar sujeta a garantías estrictas de verdad, reparación y no repetición”, señala un informe del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales.

En medio de la polémica, el Gobierno insiste en que no se trata de premiar a los excomandantes, sino de aprovechar su conocimiento del conflicto para evitar nuevas violencias. “La paz se construye con quienes estuvieron en la guerra”, declaró una fuente del Alto Comisionado para la Paz. Sin embargo, el debate sobre reconciliación, justicia y memoria histórica vuelve al centro de la discusión pública, con posiciones cada vez más polarizadas.

Juan Joya