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¿El aumento de la renta al sector financiero al 15 % afectará la estabilidad del sistema bancario o se trasladará a los usuarios?
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció este martes un paquete de medidas tributarias que serán decretadas en el marco de la emergencia económica declarada tras la caída de la ley de financiamiento en el Congreso. Se trata de decisiones necesarias para garantizar la estabilidad fiscal y atender los compromisos del Estado, afirmó Ávila en rueda de prensa conjunta con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.
Entre las disposiciones más relevantes figura un impuesto de renta y patrimonio para patrimonios superiores a los $2.000 millones. La tarifa será progresiva, con rangos entre el 0,5 % y el 5 % para patrimonios que superen los $100.000 millones. La base gravable bajará de $3.600 millones a $2.000 millones, ampliando el universo de contribuyentes, explicó el ministro.
El sector financiero tendrá un impuesto de renta del 15 %, lo que representa un incremento frente al 5 % vigente. Este ajuste busca que el sector financiero aporte de manera proporcional al esfuerzo nacional, señaló Ávila.
En materia de consumo, se estableció un IVA del 19 % para juegos de azar y para productos como licores y tabaco. La cerveza quedó excluida de la medida, decisión que el Gobierno justificó en su “alto consumo social”.
El paquete incluye además disposiciones para incentivar la repatriación de inversiones en el extranjero con recursos de fondos de pensiones, que deberán destinarse a proyectos de infraestructura en el país. En paralelo, se anunció el aplazamiento de algunas obras con vigencias futuras ya garantizadas, entre ellas la vía Mulaló–Lobo Guerrero, que conecta a Cali con Buenaventura.
El Gobierno estima que con estas medidas se logrará un recaudo de $11,1 billones, cifra que permitirá atender las necesidades fiscales derivadas de la emergencia económica. Son decisiones que buscan proteger la estabilidad macroeconómica y garantizar el financiamiento de programas sociales y de inversión, indicó el ministro.
El anuncio se produjo en un contexto de mejora en los indicadores laborales. Según el DANE, la tasa de desempleo se redujo en noviembre de 2025 al 7 %, frente al 8,2 % registrado un año atrás. En lo corrido del año se han generado 993.000 nuevos empleos, lo que eleva a 2,1 millones los puestos creados durante el actual gobierno. De ellos, 69 % corresponden a empleos formales y 31 % a informales.
La administración destacó avances en la formalización laboral, con medidas que incluyen la incorporación de trabajadoras domésticas, madres comunitarias, aprendices del SENA y trabajadores de plataformas digitales. En total, se proyecta la formalización de más de 1,5 millones de personas.
El incremento del salario mínimo decretado para 2026 también fue mencionado como parte de la política de ingresos reales. Según el Ministerio de Trabajo, la medida impactará directamente a 2,4 millones de trabajadores y tendrá efectos expansivos sobre otros segmentos de la población, al estimular la demanda de bienes y servicios.
Con este paquete de impuestos y ajustes, el Gobierno busca responder a la coyuntura fiscal y laboral del país, en un escenario marcado por la necesidad de recursos adicionales y la presión de mantener la estabilidad económica.
Juan Joya
