El exfuncionario de la Dian que terminó tras las rejas en EE.UU.: la caída de Ómar Ambuila

El exfuncionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en el puerto de Buenaventura,  Ómar Ambuila, fue condenado a 12 años y siete meses de prisión por la justicia de Estados Unidos tras ser hallado culpable del delito de  lavado de activos. La sentencia, dictada por la jueza Virginia Hernández Covington, de la Corte Distrital para el Distrito Medio de Florida, se da luego de que Ambuila aceptara los cargos en enero de 2023, cerrando así un caso que expuso una sofisticada red de corrupción y contrabando de nivel internacional.

Según la investigación, Ambuila, quien ocupó el cargo de jefe del Grupo Interno de Trabajo de Control de Carga en la Dian desde 1992, aprovechó su posición para permitir el ingreso de mercancías de contrabando a cambio de sobornos. Este esquema de corrupción permitió la canalización de aproximadamente un millón de dólares a través de cómplices, fondos que fueron utilizados para adquirir bienes de lujo, entre ellos un Porsche Cayenne en 2013 y un Lamborghini Huracán Spyder entre 2016 y 2017.

El caso cobró notoriedad luego de que su hija, Jenny Ambuila, , exhibiera públicamente una vida de ostentación en redes sociales, compartiendo imágenes de costosos artículos de diseñador, viajes de lujo y vehículos deportivos adquiridos con dinero de procedencia ilícita. Estas publicaciones sirvieron como evidencia clave para que las autoridades iniciaran el rastreo del origen de los fondos y revelaron el alcance del esquema de lavado de dinero.

Durante el juicio, se presentaron pruebas que evidenciaron el abuso de poder de Ambuila y su sofisticada estrategia para evadir controles financieros. En una ocasión, al cruzar la frontera hacia Estados Unidos, declaró llevar 10.000 dólares en efectivo, pero tras una inspección, las autoridades encontraron 21.000 dólares. Además, en la compra de uno de sus vehículos de lujo, el exfuncionario se hizo pasar por un futbolista profesional retirado, buscando ocultar el verdadero origen de los fondos.

La participación de otros involucrados también fue expuesta en el proceso judicial. Según informes de la Agencia AP, un sobrino de Diego Marín, alias “Papá Pitufo”, habría facilitado parte de los recursos utilizados en la compra del Lamborghini exhibido por Jenny Ambuila. Estas conexiones darían cuenta de la existencia de una red de lavado de dinero con ramificaciones en múltiples países, poniendo en evidencia la magnitud del caso.

Ómar Ambuila fue capturado en Colombia en marzo de 2019, junto a su esposa Elba Chará y su hija Jenny, después del escándalo mediático generado por las imágenes de los lujos de la joven. Sin embargo, en junio de 2020, la familia fue liberada por vencimiento de términos, lo que generó una ola de críticas sobre la efectividad del sistema judicial colombiano en el procesamiento de casos de corrupción.

Tiempo después, Estados Unidos solicitó la extradición de Ambuila, una petición que fue aprobada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en mayo de 2023. Finalmente, en noviembre de ese año, el exfuncionario fue trasladado a territorio estadounidense en un avión de la DEA, donde enfrentó juicio y se declaró culpable.

En la sentencia, la jueza Hernández Covington ordenó, además de la condena de 12 años y siete meses, tres años de libertad supervisada tras el cumplimiento de la pena. Aunque Ambuila tiene la posibilidad de apelar, su aceptación de culpabilidad en enero pasado podría dificultar cualquier intento de reducir su condena. De acuerdo con la recomendación de la Corte, el exfuncionario deberá cumplir su pena en la Institución Correccional Federal de Miami.

Este caso es apenas una muestra de como la corrupción dentro de instituciones estatales puede operar durante años sin consecuencias inmediatas, afectando la credibilidad de las entidades de control y permitiendo el enriquecimiento ilícito de quienes abusan de su poder. Aunque la condena Ambuila es un resultado de la lucha contra el lavado de activos, el hecho de que haya sido la ostentación pública de su hija en redes sociales y no una auditoría interna lo que detonó su captura, demuestra graves falencias en los mecanismos de supervisión del Estado.

Juan Joya