El Estado inyecta $1.4 billones al FOMAG, mientras la ANDI lo llama ‘un inmenso fracaso’: ¿es el modelo sostenible o insalvable?

¿Quién está leyendo bien el sistema?

Con la misión de garantizar la operación del modelo de salud del Magisterio y evitar interrupciones en la atención médica a más de 800.000 usuarios en el país, el Consejo Directivo del FOMAG aprobó una apropiación de $1.4 billones de pesos. Durante la quinta sesión ordinaria de ese organismo, el ministro de Educación, Daniel Rojas, expresó su preocupación por la forma en que se han venido aprobando los recursos.

“No apruebo otro traslado y anuncié mi voto anticipadamente, porque lo que ha pasado todo este tiempo es que, faltando una semana, nos piden que se apruebe otro traslado, porque si no los maestros se quedan sin servicio, y eso no puede volver a pasar”, afirmó. Su postura fue respaldada por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien pidió “mayor rigor en la planeación presupuestal y ajustes para evitar duplicidad de costos”. Ambos funcionarios coincidieron en que el modelo debe avanzar hacia una mayor eficiencia y previsibilidad financiera.

A pesar de este anuncio, siguen las preocupaciones en el Congreso. El senador Guido Echeverri anunció que citará a debate de control político al Ministerio de Educación y a los representantes del FOMAG, con el fin de despejar dudas sobre problemas de ejecución presupuestal y la falta de garantías en la atención médica a los docentes. “Hay una profunda preocupación por la forma en que se están manejando los recursos del Magisterio y por las consecuencias que esto tiene en la salud de miles de maestros”, señaló Echeverri. La falta de claridad sobre los criterios de contratación, la ausencia de auditoría efectiva y las demoras en los pagos a prestadores serán objeto de revisión en el debate legislativo.

En Bogotá, el concejal Juan Baena denunció el colapso del modelo de salud del Magisterio, alertando sobre la implementación por decreto del nuevo esquema sin garantías operativas. “Nos enfrentamos a un fondo que debe más de lo que tiene”, afirmó, al advertir que el déficit acumulado del FOMAG supera el billón de pesos. Según Baena, “el modelo actual no tiene auditoría, no tiene control, no tiene vigilancia, y está pagando tarifas más altas que el sistema general de salud”.

Además, el cabildante denunció que “los contratos están vencidos, los prestadores no tienen certeza de pago y los maestros están siendo atendidos en condiciones precarias”. La Secretaría de Educación de Bogotá también emitió una alerta por la pérdida de servicios especializados, como atención en salud mental y diagnósticos de alta complejidad, debido a la terminación de contratos con entidades como la Fundación Santa Fe, la Clínica de Occidente y la Clínica Monserrat. En comunicado oficial, la entidad señaló que “esto demuestra la falta de compromiso del FOMAG con la salud de los educadores”.

Desde el sector empresarial, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) calificó la situación del FOMAG como un “inmenso fracaso” y un vaticinio de lo que podría ocurrir con el sistema de salud si se replica el modelo a nivel nacional. El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, afirmó que “no tienen ni idea de cómo ponerlo a funcionar, temen a FECODE protestando en las calles, a los maestros y su familia sin atención, y sin ninguna solución a la vista”. La crítica se enfoca en la eliminación de la intermediación financiera y el intento de centralizar el control estatal sobre los recursos del sistema. “El modelo del FOMAG es una advertencia de lo que puede pasar si se implementa una reforma sin planeación ni consenso”, agregó Mac Master.

En respuesta a las críticas, el vicepresidente del FOMAG, Aldo Cadena, aseguró que la atención médica a los docentes continuará sin interrupciones. “Los prestadores están respondiendo positivamente a las condiciones y modalidad tarifaria propuestas por la Fiduprevisora/FOMAG”, indicó en comunicado oficial. Según Cadena, el tarifario será revisado cada tres meses y se ajustará en caso de que se detecten valores por debajo de los estándares del sector. “Estamos construyendo una red de salud con libre escogencia y cobertura territorial, que garantice calidad y oportunidad en la atención”, afirmó. La Fiduprevisora, por su parte, ha reiterado que el modelo busca “fortalecer la atención integral y mejorar la experiencia de los usuarios”.

Entre el anuncio oficial y las objeciones políticas, gremiales y técnicas hay una tensión estructural en el sistema de salud del Magisterio. Mientras el Gobierno defiende la continuidad del servicio y la ampliación de la red de prestadores, múltiples voces advierten sobre improvisación, falta de control, déficit financiero y riesgos para la atención de más de 800.000 usuarios. “La salud de los maestros no puede depender de traslados de última hora ni de modelos sin auditoría”, insistió Baena. De momento, el sistema sigue operando, pero bajo una creciente presión política, técnica y social que exige respuestas estructurales y no solo presupuestales.

Juan Joya