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¿Qué cambia con la iniciativa de Petro y por qué lo cuestiona Paloma Valencia?
El Gobierno nacional puso en marcha un cambio de fondo en las reglas laborales del país con la expedición del Decreto 0234 de 2026. La norma modifica el esquema de negociación colectiva en el sector privado y para los trabajadores oficiales, al introducir un modelo unificado por niveles que permite acuerdos no solo dentro de cada empresa, sino también por sectores completos de la economía. En palabras del propio decreto, se busca “establecer reglas de coordinación y ordenación para el ejercicio de la negociación colectiva en los niveles superiores al de empresa”, lo que en la práctica reorganiza la forma en que se pactan las condiciones laborales en Colombia.
El punto más sensible está en la creación de negociaciones colectivas por sector económico o por grupos de empresas. A partir de ahora, lo que se acuerde en esas mesas no será opcional. El texto es claro al señalar que “las convenciones colectivas de ámbito sectorial son de aplicación obligatoria para todos los empleadores, empresas, unidades productivas y trabajadores del nivel de negociación respectivo”. En otras palabras, una empresa deberá cumplir lo pactado en su sector, incluso si no participó en la negociación. Además, ese acuerdo fija un piso mínimo que no podrá ser reducido, pues “los convenios de nivel empresa no podrán en ningún caso disminuir el piso mínimo de protección definido en la convención de ámbito sectorial”.
El decreto también entra en un terreno sensible: la información empresarial. Durante los procesos de negociación, las compañías deberán entregar datos sobre su situación económica “en la medida estrictamente necesaria para la negociación”. Esto incluye información que puede ser considerada sensible, aunque bajo acuerdos de confidencialidad. Si una empresa se niega a compartir esos datos, deberá justificarlo por escrito, lo que introduce nuevas exigencias de transparencia en medio de las discusiones laborales.
Otro cambio relevante tiene que ver con el alcance de los sindicatos. La norma mantiene que los trabajadores que se beneficien de una convención colectiva deberán aportar una cuota, incluso si no están afiliados. El decreto lo establece así: “los trabajadores no sindicalizados beneficiarios de la convención colectiva… deberán pagar… una suma equivalente a la cuota ordinaria”. En un escenario donde los acuerdos pueden ser sectoriales, esto amplía de manera significativa el número de personas obligadas a hacer ese aporte. A la par, se abre la puerta para negociar “cualquier tema relativo a las condiciones de trabajo y de empleo”, lo que amplía el margen de acción de los sindicatos.
Las micro, pequeñas y medianas empresas tampoco quedan por fuera. Aunque el decreto contempla la posibilidad de condiciones diferenciales, deja claro que “no implicará, en ningún caso, la exclusión general de las MIPYMES del ámbito de protección”. Es decir, deberán acogerse a los acuerdos sectoriales, aunque con eventuales ajustes en plazos o condiciones. La sostenibilidad financiera de esas obligaciones, sin embargo, queda en manos de quienes participen en la negociación.
El decreto no tardó en provocar reacciones políticas. La senadora Paloma Valencia cuestionó el alcance de la medida y aseguró que “el Gobierno sacó un Decreto que prácticamente le entrega el manejo de las empresas a los sindicatos”. También advirtió que “las condiciones que se acuerden allí serán obligatorias para todas las empresas del respectivo sector” y que esto podría llevar a que “más de una empresa” enfrente riesgos financieros. En la misma línea, criticó la obligación de entregar información empresarial y el pago de cuotas sindicales, al considerar que “prácticamente le da rango de ley a las convenciones sindicales”, y anunció que demandará la norma.
Desde el Gobierno, el presidente Gustavo Petro defendió la decisión y la conectó con modelos internacionales. Señaló que este tipo de negociación “existe en la realidad en Europa y en Estados Unidos y en todos los países desarrollados como Japón y Corea del Sur”, y sostuvo que no ha sido un obstáculo para el crecimiento económico. Más allá del decreto, el mandatario dejó ver que esta es solo una pieza de un cambio más amplio.
En ese contexto, anunció que su gobierno presentará ante el Congreso el llamado Estatuto del Trabajo el próximo 20 de julio. La iniciativa buscaría convertir en norma legal el concepto de salario vital y consolidar nuevas garantías laborales. Según lo planteado, allí “será norma legal el salario vital y sus formas de calcularse y los derechos del pueblo trabajador”, lo que apunta a redefinir cómo se fijan los ingresos y las condiciones laborales en el país.
El presidente también sostuvo que en las últimas décadas “se le han quitado los derechos a los trabajadores”, mencionando la estabilidad laboral, el acceso a pensiones y los niveles salariales. Bajo esa lectura, el fortalecimiento de la negociación colectiva y la adopción del salario vital serían herramientas para mejorar la distribución del ingreso y “aumentar la riqueza en toda la sociedad”. En su planteamiento, este enfoque se enmarca en un modelo de Estado social de derecho que busca ampliar garantías como la educación, la salud y la protección social.
Así, el Decreto 0234 no aparece como una decisión aislada, sino como el primer movimiento de una reforma más amplia en el mundo laboral. Mientras el Gobierno defiende que se trata de un paso hacia mayores garantías para los trabajadores, desde la oposición se advierte sobre sus posibles efectos en las empresas. Entre ambos puntos, el debate queda instalado en un momento en el que el país se encamina a discutir una transformación más profunda en el Congreso.
Juan Joya
