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Una vez más, la violencia instrumentalizada y la debilidad institucional se cruzan en el suroccidente colombiano. Esta vez en Jamundí, Valle del Cauca, donde tropas del Ejército Nacional fueron blanco de una violenta asonada orquestada —según denuncias oficiales— por el frente ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de las Farc, que habría utilizado a más de 600 civiles como escudos humanos para entorpecer las labores constitucionales de la Fuerza Pública.
“Estamos ante una guerrilla cobarde que se esconde detrás de la población civil para evitar enfrentar al Ejército”, sentenció el brigadier general Federico Alberto Mejía, comandante de la Tercera División, al detallar que los insurgentes habrían ofrecido dinero a los habitantes de los corregimientos de Ampudia y Villacolombia para forzarlos a participar en el ataque.
La Operación ‘Escudo del Norte’, cuyo objetivo es proteger a las comunidades de la amenaza armada en esta región montañosa, fue interrumpida brutalmente. Soldados del Batallón de Operaciones Terrestres N.º 13 se vieron obligados a replegarse ante la agresividad de la multitud, que actuaba bajo intimidación y presiones económicas. El hecho no solo frustró una misión clave de seguridad, sino que evidenció la preocupante penetración social del grupo armado.
En medio del caos, civiles intentaron arrebatar las armas de dotación a los soldados, un acto que el Ejército califica como una agresión directa y grave que justificó su respuesta en legítima defensa, amparada por el artículo 32 del Código Penal colombiano.
Videos virales en redes sociales mostraron los momentos de mayor tensión, donde se escucharon disparos que, según testigos, dejaron al menos dos heridos. Este incidente no solo refleja una preocupante degradación del conflicto armado, sino también una creciente manipulación del tejido social por parte de estructuras criminales que hoy controlan territorio, conciencia y narrativa.
Mientras el Ejército promete denuncias penales y acciones legales, la pregunta de fondo sigue siendo: ¿cómo responderá el Estado ante un enemigo que no solo desafía con armas, sino que corroe desde adentro la institucionalidad mediante el uso de la miseria como herramienta de guerra?
La operación de repliegue no solo representó una derrota táctica, sino también una alerta roja sobre la fragilidad del control estatal en regiones dominadas por economías ilegales y actores armados que operan a plena luz del día. La denuncia de que estas comunidades están siendo usadas como carne de cañón revela el fracaso de las políticas sociales y de seguridad que han dejado a poblaciones rurales a merced de la guerra.
Mientras tanto, la disidencia ‘Jaime Martínez’ sigue ganando terreno, no solo físico, sino simbólico, al mostrarse capaz de retar a la Fuerza Pública utilizando las reglas del propio Estado.
Jamundí no es un caso aislado. Es un reflejo brutal de un país que aún no ha definido con claridad cómo garantizar la seguridad sin entregar el alma de su democracia.
Humberto ‘Toto’ Torres
