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La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 29 de octubre de 2025, por trigésima tercera vez consecutiva, una resolución que exige el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos mantiene sobre Cuba desde 1962. La votación de este año registró 165 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones, lo que representa una disminución en el respaldo internacional respecto a años anteriores.
La resolución, titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba” (A/80/L.6), fue presentada por el Gobierno cubano y se basa en el informe del Secretario General (A/80/83). El texto reafirma principios como la igualdad soberana de los Estados, la no intervención en asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales.
https://twitter.com/NoticiasONU/status/1983559457003982930
Entre los países que votaron en contra se encuentran Estados Unidos, Israel, Hungría, Ucrania, Macedonia del Norte, Paraguay y Argentina. Las abstenciones provinieron de 12 Estados, incluidos Costa Rica, Ecuador, Polonia, Rumanía y varios países bálticos. Este resultado marca un cambio respecto a 2024, cuando la resolución obtuvo 187 votos a favor, solo dos en contra y una abstención.
El presidente Gustavo Petro reaccionó a la votación de la Asamblea General de la ONU que, por trigésima tercera vez, pidió el fin del embargo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba. “Marcos Rubio se ha convertido en un obstáculo sectario en el encuentro pacífico entre los EE. UU. y las Américas. EE. UU. ha quedado aislado en la ONU con la votación sobre el bloqueo a Cuba: 165 países por el desbloqueo, solo siete jinetes del apocalipsis a favor”, expresó el mandatario colombiano.
https://twitter.com/petrogustavo/status/1983613346722316630
Durante la presentación del documento, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció el carácter “ilegal, inhumano y extraterritorial” del bloqueo, y afirmó que constituye “un acto de castigo colectivo que viola los derechos humanos del pueblo cubano y obstaculiza su desarrollo en sectores esenciales como la salud, la energía y la alimentación”.
Rodríguez también acusó al Departamento de Estado de ejercer presiones para modificar el voto de algunos países miembros y denunció prácticas militares de Estados Unidos en aguas jurisdiccionales del Caribe y el Pacífico. “El impacto de este tipo de agresión no es solo económico. Se aplica por diseño, con fría premeditación respecto a su impacto social y humanitario sobre millones de personas”, declaró.
En respuesta, el embajador estadounidense ante la ONU, Jeffrey Bartos, calificó la resolución como “una continuación del espectáculo político” del Gobierno cubano. Bartos sostuvo que las dificultades económicas de la isla derivan de la “ausencia de reformas políticas” y exhortó al régimen a abandonar sus “políticas izquierdistas” y liberar a los presos políticos.
La resolución solicita al Secretario General de la ONU que prepare un informe sobre su cumplimiento para el próximo período de sesiones. Aunque no tiene carácter vinculante, el texto refleja el posicionamiento político mayoritario de la comunidad internacional frente a una política que ha sido objeto de condena sostenida desde 1992.
Juan Joya
