El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este lunes la orden de repatriar a los presos extranjeros para que cumplan sus condenas en sus países de origen. La decisión, respaldada por el decreto ejecutivo 139, instruye al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) a llevar a cabo los trámites necesarios bajo la normativa local e internacional, garantizando un proceso singularizado que no afecte a colectivos.
El ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, ha expresado la necesidad de respetar el tratado bilateral vigente desde los años 90 entre ambas naciones. En una entrevista con el programa institucional “Entrevistas con Alma de País,” Osuna señaló la disposición de Colombia para evaluar caso por caso, asegurando el cumplimiento de lo acordado entre las dos naciones.
Sin embargo, advirtió que, de no cumplirse las condiciones acordadas, los presos colombianos repatriados podrían quedar en libertad, ya que la justicia colombiana no tendría jurisdicción para hacer cumplir las leyes ecuatorianas en su territorio.
El decreto ecuatoriano asigna la coordinación de estas acciones a los ministerios de Relaciones Exteriores, de la Mujer y Derechos Humanos, del Interior y de Gobierno (Política). Además, establece que los procedimientos derivados de la ejecución del decreto se llevarán a cabo respetando las normativas nacionales e internacionales en la materia, insistiendo en que cada proceso será singularizado y prohibiendo la repatriación de colectivos.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de Ecuador, la población carcelaria del país asciende a 31,321 personas, de las cuales 3,245 son extranjeras, siendo aproximadamente la mitad de ellos colombianos, según el presidente Noboa.
Esta decisión surge en medio de una profunda crisis carcelaria en Ecuador, caracterizada por el hacinamiento, escasez de presupuestos y frecuentes enfrentamientos mortales entre bandas de delincuentes que han dejado más de 450 presos asesinados desde 2020. A principios de enero, el presidente Noboa decretó un estado de excepción a nivel nacional, reconociendo incluso un “conflicto armado interno”.
La repatriación de presos extranjeros plantea incertidumbre sobre el destino de los colombianos condenados, mientras ambos países buscan conciliar las condiciones para cumplir con esta decisión histórica.