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La Defensoría del Pueblo rechazó de manera enérgica el ataque con gasolina que dejó a dos soldados con graves quemaduras en Villagarzón, Putumayo, y pidió al Gobierno Nacional suspender los diálogos de paz con los Comandos de Frontera hasta que exista un compromiso real de no repetición.
“Según el reporte recibido, durante operaciones militares, un grupo de civiles, bajo presión y constreñimiento de los ‘Comandos de la Frontera CDF’, de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, habría prendido fuego a dos integrantes del Ejército Nacional. Como resultado, un oficial y un soldado sufrieron quemaduras de gravedad”, señaló el ente en un comunicado.
La Defensoría expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, reiterando que “estos hechos son intolerables” y que representan una grave violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
El ataque se produjo cuando tropas del Ejército adelantaban la destrucción de un laboratorio de coca en zona rural de Villagarzón. Según las investigaciones iniciales, los Comandos de Frontera habrían obligado a la comunidad a realizar una asonada contra los militares, donde dos civiles atacaron a los uniformados con gasolina y luego les prendieron fuego.
Las víctimas son un subteniente y un soldado profesional, quienes fueron evacuados a Florencia, Caquetá, donde reciben atención médica especializada debido a la gravedad de sus heridas.
En su pronunciamiento, la Defensoría resaltó: “En la medida en que el grupo armado ilegal adelanta una mesa de diálogo de paz con el Gobierno Nacional, hemos pedido al Gobierno hacer un alto en el proceso hasta no lograr un compromiso del grupo armado de repudio de estos hechos y compromisos de no repetición”.
El organismo insistió en que este tipo de acciones “contravienen los principios de buena fe y el compromiso con el desescalamiento de la violencia, así como compromisos básicos de humanidad”, y exhortó a las autoridades competentes a investigar con celeridad lo ocurrido.
Por su parte, el Ministerio de Defensa ofreció una recompensa de 200 millones de pesos a quien entregue información que permita ubicar y capturar a los responsables directos de este ataque.
La Defensoría concluyó que todos los hechos registrados en el Putumayo están siendo verificados dentro de su sistema de monitoreo, mientras crece la presión para que el Gobierno Nacional defina el futuro de los diálogos con este grupo armado ilegal.
Humberto ‘Toto’ Torres
