Con este dispositivo se espera evitar altercados, como los registrados el pasado 8 de febrero.
El próximo jueves 22 de febrero, se desarrollará en Bogotá la elección de la nueva fiscal general de la Nación, esto en medio de medidas provisionales ordenadas por el Consejo de Estado. Con el propósito de garantizar el derecho a la manifestación pacífica y mantener el orden público, la Alcaldía Mayor de Bogotá ha dispuesto un amplio dispositivo de seguridad e inteligencia.
En atención a la jornada, ha dispuesto cierres viales en la carrera Octava, la calle 12, la carrera Novena y la calle 12b, en inmediaciones al Palacio de Justicia. Con estas medidas se pretende asegurar un desarrollo tranquilo y seguro de la importante decisión.
El Distrito ha desplegado 1.400 uniformados de la Policía Metropolitana en el centro de la ciudad, respaldados por apoyo aéreo. También, se han establecido cierres preventivos en las zonas circundantes al Palacio de Justicia y sus alrededores. Un puesto de mando unificado será el encargado de coordinar las acciones de entidades como las Secretarías de Gobierno, de Seguridad, y de la Defensoría del Pueblo, junto con la Personería Distrital.
La orden del Consejo de Estado fue emitida en respuesta a una demanda que admitió el alto tribunal en donde se solicitó la protección de los derechos fundamentales y seguridad de las personas que trabajan al interior del Palacio de Justicia, debido a los hechos del pasado 8 de febrero.
Por su parte, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, señaló “en complementariedad a lo que nos pide el Consejo de Estado, vamos a reforzar todas las medidas para que la jornada transcurra en absoluta calma. Priorizaremos el diálogo, hablar con la gente siempre es el primer mecanismo y es la prioridad de la administración”.
Agregó que el Distrito será garante para que “todo se dé de la mejor forma posible, que la ciudadanía se pueda expresar pero, también, que la Corte Suprema pueda tomar sus decisiones. De eso se trata, de hacer una ciudad que, en paz, pueda construir desde la diferencia”, concluyó.
Con la adopción de estas medidas, se busca proteger los derechos fundamentales y la seguridad de la ciudadanía, los magistrados y los funcionarios involucrados en el proceso electoral.
Juan Joya