La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra un integrante de la comunidad indígena Emberá, señalado de agredir físicamente a un adolescente de 15 años en el alojamiento temporal UPI La Rioja, ubicado en el centro de la capital.
Los hechos ocurrieron el sábado 24 de mayo de 2025, cuando, según reportes de la comunidad y del equipo de la SDIS, el joven fue víctima de una agresión directa por parte de Saúl Arias Sintúa, vocero de un grupo de la comunidad Emberá que permanece en ese espacio. De acuerdo con los testimonios, el agresor habría golpeado al menor en el rostro mientras emitía expresiones de carácter discriminatorio.
Tras el ataque, el adolescente fue trasladado al Hospital Santa Clara, donde recibió atención médica especializada.
La SDIS también reveló que el denunciado cuenta con antecedentes por violencia. En agosto de 2024, fue señalado de agredir físicamente a su pareja sentimental en la misma UPI La Rioja. Este hecho fue documentado en video y también fue objeto de denuncia penal por violencia física y de género.
Desde el Distrito insistimos en que no hay lugar a dudas frente a la autonomía ni jurisdicción indígena cuando se trata de conductas que ponen en riesgo la vida e integridad de los niños y niñas Emberá.
— Isabelita Mercado (@Isabelitamerc) May 26, 2025
Radicamos nueva denuncia penal contra Saúl Arias: https://t.co/UuCz9IAL4Y
Ante esta nueva situación, la Alcaldía de Bogotá y la SDIS rechazaron de manera categórica cualquier forma de violencia y discriminación, y exigieron a las autoridades judiciales celeridad en el proceso para garantizar la protección integral del menor, su entorno familiar y los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Cabe recordar que ya se han presentado situaciones similares, donde algunos integrantes de esta comunidad han llegado incluso a evitar que funcionarios de Integración Social realicen actividades de acompañamiento a niños, niñas y adolescentes de esta comunidad.
Finalmente, se hizo un llamado a la corresponsabilidad de las familias, la sociedad y el Estado en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, tal como lo establece el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, que consagra su carácter prevalente y la obligación de garantizar su desarrollo armónico e integral.
Paola Martínez Burgos