Durante una intervención en el más reciente Consejo de Ministros, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, denunció que al menos uno de cada tres congresistas tendría vínculos con casos relacionados con tierras baldías. Según afirmó, ya hay ocho procesos administrativos abiertos en la entidad por presunto acaparamiento de estos predios.
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“Nos hemos encontrado, preliminarmente, con un ejercicio en curso de investigación que indica que uno de cada tres congresistas tiene relaciones o vínculos con temas de baldíos”, señaló Harman.
El funcionario detalló que entre los casos identificados se encuentran los siguientes legisladores:
Marco Daniel Pineda (Partido Conservador), senador de Cereté (Córdoba), vinculado a un proceso por acaparamiento de tierras baldías.
Liliana Esther Bitar (Partido Conservador), senadora de Ciénaga de Oro (Córdoba), relacionada con un predio bajo presunción de baldío.
Lidio García Turbay (Partido Liberal), senador con un predio en San Juan de Nepomuceno en investigación por presuntas irregularidades sobre baldíos.
Ana Paola García (Partido de la U), representante por Córdoba, también implicada en un caso en Buenavista, donde se señala la presunta participación de familiares.
Carlos Cuenca (Cambio Radical), representante de Puerto Carreño, con un caso en el que ya concluyó la etapa administrativa; el predio figura a su nombre y con su número de cédula.
Samy Merheg (Partido Conservador), vinculado a predios en Vichada y Valle del Cauca. Harman resaltó que, pese a votar en contra de ciertas reformas agrarias, su nombre figura en una investigación por acaparamiento de baldíos.
Familiares de Paloma Valencia (Centro Democrático), con predios en Vichada y Tolima. En particular, la finca “Buenavista”, en Puerto Carreño, fue declarada de carácter baldío por la ANT, luego de que una sentencia de tutela anulara la adquisición al no haberse vinculado a la entidad en el proceso judicial que otorgó la prescripción adquisitiva.
Luis Eduardo Díaz Mateus (Partido Conservador), identificado con un predio en Cerrito, Santander.
Harman subrayó que todos los casos mencionados se encuentran en etapa de investigación y que los congresistas involucrados cuentan con las garantías procesales necesarias para explicar la procedencia de los terrenos. “Estos son los casos que ya están abiertos, con identificación predial específica, con expediente en curso, y evidentemente estos congresistas tendrán la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa”, concluyó.
Paola Martínez Burgos