Dilian Francisca Toro advierte falta de acuerdos con el Gobierno por decretos de emergencia y alerta impacto en la salud

La falta de consensos entre los gobernadores y el Gobierno nacional quedó en evidencia tras la más reciente reunión con el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Al término del encuentro, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, aseguró que no se alcanzaron acuerdos concretos frente a la administración de las rentas cedidas provenientes del consumo de licores y tabaco, recursos clave para las regiones.

Toro explicó que la discusión trasciende una confrontación política y se centra en la defensa de derechos fundamentales, especialmente para la población más vulnerable. Según la mandataria, el Ejecutivo busca centralizar recursos que, por disposición constitucional, pertenecen a los departamentos y están destinados a sectores como salud, educación y deporte.

Riesgos para el régimen subsidiado de salud

Uno de los puntos más sensibles del debate es el financiamiento del régimen subsidiado de salud. La gobernadora advirtió que el sostenimiento de este sistema depende directamente de las rentas departamentales, particularmente de los impuestos a licores y cigarrillos. En el caso del Valle del Cauca, detalló que cerca del 49 % de los ingresos de la licorera y el 100 % del impuesto al cigarrillo se destinan a cubrir estas obligaciones.

La mandataria alertó que el incumplimiento en los pagos al ADRES podría dejar sin atención médica a miles de ciudadanos, ya que el Estado no podría girar oportunamente los recursos a las EPS, afectando principalmente a las personas de menores ingresos.

Impacto fiscal y fortalecimiento del contrabando

El efecto económico de los decretos también genera preocupación en las regiones. De acuerdo con cifras de la administración departamental, la afectación por el impuesto al cigarrillo en el Valle del Cauca ascendería a unos 120.000 millones de pesos. A esto se suma un escenario complejo de ilegalidad: alrededor del 40 % del mercado de cigarrillos en el departamento estaría controlado por estructuras criminales dedicadas al contrabando.

Toro sostuvo que el aumento del impuesto específico al consumo encarece los productos legales, lo que termina incentivando el comercio ilícito y golpeando de forma directa a la industria regional de licores, una de las principales fuentes de financiación social.

De la inconformidad política a la ruta jurídica

Aunque en un primer momento se habló de una posible negativa de los gobernadores a aplicar el decreto, la gobernadora del Valle aclaró que la estrategia se encamina ahora por la vía legal. En ese sentido, anunció que la Federación Nacional de Departamentos acudirá a la Corte Constitucional para solicitar la suspensión provisional de los efectos del decreto relacionados con licores y cigarrillos.

Con esta acción, los mandatarios departamentales buscan proteger la autonomía regional y garantizar la financiación de servicios esenciales, mientras se define el alcance constitucional de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional.

Sala Digital Colmundo