Dian y Fiscalía citan a 22.375 deudores morosos que adeudan al Estado $1,2 billones en impuestos

La presión institucional llegó a su punto máximo para más de 22 mil contribuyentes que, pese a haber cobrado impuestos a los ciudadanos, nunca los trasladaron al Estado. Hasta este miércoles 19 de noviembre, 22.375 morosos tendrán la última oportunidad de ponerse al día con el fisco antes de que sus procesos avancen en la vía penal, una advertencia que la Dian y la Fiscalía lanzan en conjunto para cerrar expedientes que, en algunos casos, acumulan años sin resolución.

Según la información oficial, se trata de recaudadores que retuvieron o cobraron impuestos como IVA, Retención en la Fuente e Impuesto al Consumo, pero que “no los trasladaron a la autoridad tributaria”, generando una deuda acumulada superior a los $1,2 billones. Una omisión que no solo afecta la caja del Estado, sino que configura un delito penal contemplado en el Código Penal colombiano.

La Dian detalló que 6.000 de estos contribuyentes fueron citados a sedes de la Fiscalía en todo el país, mientras que 16.375 deberán presentarse en oficinas de la entidad recaudadora, según explicó el director General (e), Carlos Emilio Betancourt Galeano. “Todos ellos tendrán la oportunidad de pagar la totalidad de la deuda, formalizar acuerdos, aplicar recursos embargados y regularizar su situación antes de que los procesos penales escalen”, señaló el funcionario. La cifra total en mora asciende a $1,2 billones, provenientes de impuestos que los contribuyentes cobraron a los ciudadanos y jamás entregaron al Estado.

La acción conjunta entre Dian y Fiscalía tiene un objetivo claro y contundente: cerrar los procesos penales abiertos y definir la responsabilidad penal de los morosos. Maribel Tabares Chicunque, subdirectora de Cobranzas y Control Extensivo, recordó que “la única vía que existe es realizar el pago total de la obligación tributaria”, advirtiendo además que quienes no lo hagan podrían avanzar a la etapa contemplada en el artículo 402 del Código Penal. Esa norma establece penas de prisión entre 48 y 108 meses y multas equivalentes al doble del valor no consignado.

En las sedes designadas, los ciudadanos citados podrán recibir orientación, realizar pagos, aplicar saldos embargados y detener la acción penal mediante la cancelación total de la deuda en mora, una ventana legal que podría cerrarse rápidamente si no actúan dentro del plazo establecido.

El director de la Dian fue enfático al señalar el carácter ético del cumplimiento tributario. “El pago no es solo una obligación tributaria; es un acto de respeto frente a los ciudadanos que sí cumplieron. Estos recursos no pertenecían a los morosos, eran impuestos pagados por los ciudadanos y nuestra responsabilidad es recuperarlos”, afirmó, subrayando que se trata de dinero público retenido indebidamente.

La entidad recaudadora advirtió que quienes no atiendan la citación o persistan en su incumplimiento enfrentan embargos, inclusión en el boletín de deudores morosos y la continuidad de los procesos penales hacia instancias judiciales, medidas que podrían convertirse en el punto final de una evasión que, durante años, golpeó las finanzas públicas.

Humberto ‘Toto’ Torres