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El Gobierno Nacional oficializó, a través del Decreto 1478 del 30 de diciembre de 2025, la autorización para la emisión de títulos de tesorería (TES) clase B por hasta $152 billones, con el fin de financiar el presupuesto de 2026. La decisión se convierte en uno de los mayores cupos de endeudamiento aprobados en el país y busca garantizar recursos para cubrir gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda, en un año marcado por mayores necesidades fiscales.
Los TES son instrumentos de deuda que el Estado coloca en el mercado para obtener financiamiento. Los inversionistas los compran y reciben intereses en plazos que pueden ir de 1 a 10 años, con tasas fijas o variables, denominados en pesos, dólares o en unidades de valor real (UVR). En términos prácticos, representan un compromiso de pago futuro que el Gobierno asume para financiar sus obligaciones presentes. El decreto distribuye el cupo en dos partes: $85,25 billones destinados directamente al presupuesto y $67 billones para operaciones temporales de tesorería, con el fin de asegurar liquidez en los pagos inmediatos.
La noticia se conoce en un momento sensible para el mercado financiero. Semanas antes, el fondo internacional Pimco adquirió TES por $23 billones en una sola operación, lo que evidenció interés en la deuda colombiana, pero también una alta concentración del riesgo en pocos actores. La nueva emisión multiplica por siete esa cifra y exigirá una estrategia de colocación amplia y diversificada para captar la demanda necesaria.
El panorama plantea retos adicionales por la rebaja de la calificación crediticia de Colombia. El 17 de diciembre de 2025, Fitch Ratings redujo la nota de la deuda soberana de BB+ a BB, lo que implica que el país es percibido como más riesgoso y debe pagar mayores intereses para atraer inversionistas. Esto significa que el cupo de $152 billones enfrentará un mercado más exigente, donde el costo del endeudamiento será más alto y las condiciones de colocación serán determinantes.
Los TES suelen pagar un cupón anual fijo, calculado como un porcentaje sobre el valor nominal del título. Para comparar rendimientos entre plazos, el Banco de la República construye la curva cero cupón, utilizando información de las operaciones registradas en el Sistema Electrónico de Negociación (SEN) y en el Mercado Electrónico de Colombia (MEC). Aunque se trata de cálculos técnicos, reflejan cuánto le cuesta al país endeudarse y qué tan atractiva resulta su deuda para los inversionistas.
El impacto de esta emisión no se limita al mercado financiero. Al ser referencia para el sistema bancario, las tasas de los TES influyen directamente en los créditos de consumo, hipotecarios y empresariales. Una colocación de esta magnitud, en un contexto de menor calificación, puede presionar al alza las tasas internas, encareciendo los préstamos y afectando el bolsillo de los colombianos.
La combinación de endeudamiento récord, calificación más baja y un mercado sensible plantea un escenario de alta vigilancia económica. El éxito de la emisión dependerá de la confianza que logre generar el Gobierno y de la disciplina fiscal en el manejo de las cuentas públicas. Para los ciudadanos, el resultado se reflejará en la estabilidad económica y en el costo del crédito en su vida diaria.
Si se revisan los antecedentes recientes de las emisiones de TES, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002–2010) el país recurrió con fuerza a este mecanismo para financiar el gasto público en medio de un déficit persistente y la estrategia de seguridad democrática. En esos años, las colocaciones superaban los $10 billones anuales, y hacia 2008 y 2009, con la crisis financiera internacional, el Ministerio de Hacienda amplió las emisiones hasta cerca de $20 billones, para mantener la liquidez y cubrir la caída de los ingresos tributarios.
Con Juan Manuel Santos (2010–2018), los TES siguieron siendo protagonistas. Entre 2012 y 2014, las emisiones rondaron los $30 billones anuales, y en 2016 y 2017, la caída de los precios del petróleo obligó a ampliar el endeudamiento, con cupos que superaron los $40 billones. El objetivo fue financiar programas sociales y proyectos de infraestructura, manteniendo la inversión pública pese a la reducción de ingresos.
Más adelante, con Iván Duque (2018–2022), la pandemia de COVID-19 cambió las reglas del juego. El Estado tuvo que endeudarse de manera extraordinaria para atender la emergencia sanitaria y financiar subsidios. En 2020 y 2021, las emisiones de TES superaron los $40 y $70 billones, cifras inéditas hasta entonces. Esa deuda se tradujo en recursos de apoyo social, pero también en un mayor compromiso de pago futuro.
Estos antecedentes muestran que la emisión de TES ha sido una constante en la historia reciente del país. Cada Gobierno, frente a sus propias crisis y necesidades, ha recurrido a este mecanismo para financiar su presupuesto. La diferencia es que ahora, con el Decreto 1478 del 30 de diciembre de 2025, el cupo autorizado por el Gobierno de Gustavo Petro alcanza los $152 billones, el más alto de todos.
Juan Joya




