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Desmantelado ‘holding criminal’ de empresas de seguridad privada que servían a grupos delictivos: alias ‘Terror’ tenía diploma de escolta

En una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fue desmantelado un “holding criminal” conformado por tres empresas de vigilancia y seguridad privada que prestaban servicios a grupos delincuenciales en Colombia. Estas empresas, según las autoridades, “alquilaban” armas de fuego a integrantes de organizaciones al margen de la ley, facilitándoles el desarrollo de actividades criminales bajo un manto de aparente legalidad.

Uno de los delincuentes “amparados” por esta estructura era Oliverio Izasa, alias “Terror”, quien fue abatido por la Policía el pasado 22 de febrero de 2025. La investigación reveló que las empresas vinculaban a criminales como falsos empleados de seguridad privada, otorgándoles armas y salvoconductos para transportarlas de manera “legítima” en el territorio nacional.

El modus operandi de este “holding criminal” consistía en nombrar a estos individuos como escoltas o coordinadores de escoltas, lo que les permitía movilizarse sin mayores restricciones y llevar a cabo actividades delictivas en sus zonas de influencia. Según las autoridades, el denominado “Clan del Golfo” era uno de los principales clientes de esta red, junto con otros grupos de delincuencia organizada.

“Junto a las capturas se procedió a aplicar la extinción del derecho de dominio a 8 bienes muebles e inmuebles avaluados en más de 1.800 millones de pesos, así como la incautación de más de 100 armas de fuego que serán sometidas a estudios balísticos para determinar si fueron utilizadas en algún homicidio”, señaló el general Carlos Fernando Triana Beltrán, director general de la Policía Nacional.

La investigación también determinó que 60 de los falsos escoltas tenían antecedentes penales, y algunos de ellos habrían pertenecido a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Además, se evidenció que, en caso de que las armas fueran incautadas por las autoridades, las empresas las recuperaban con relativa facilidad, ya que contaban con los documentos exigidos por la ley.

Los tres representantes legales de las empresas fueron capturados y enfrentarán cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Esta operación marca un golpe significativo a las estructuras que buscan legitimar actividades criminales bajo el amparo de empresas legales.

El general Triana Beltrán destacó la importancia de esta intervención: “Este desmantelamiento evidencia cómo grupos criminales intentan infiltrarse en sectores legales para fortalecer sus operaciones ilícitas. La Policía Nacional y la Fiscalía continuarán trabajando de manera articulada para desarticular estas redes que ponen en riesgo la seguridad del país”.

Este caso pone en evidencia la complejidad de las redes delictivas en Colombia y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en sectores como la seguridad privada, que pueden ser utilizados como fachada para actividades ilícitas.

 Humberto ‘Toto’ Torres