Desde el Concejo solicitan intervención de Procuraduría y UIAF por presuntas irregularidades en contrato de San Victorino

Durante una sesión de la Comisión del Plan del Concejo de Bogotá, se anunció que se presentará una solicitud formal al procurador general de la Nación y al director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para que ejerzan un acompañamiento especial al proceso contractual del Proyecto Centro Internacional de Comercio Popular de San Victorino, identificado con la referencia RENOBO-IP-06-2024 y cuyo valor asciende a 354 mil millones de pesos.

El concejal José Cuesta Novoa, integrante de la bancada Colombia Humana – Pacto Histórico, aseguró haber recibido información que alertaría sobre presuntas irregularidades al interior de la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá (Renobo), las cuales, por su gravedad, consideró necesario que sean verificadas por organismos de control del orden nacional. Aunque reconoció que la vigilancia de este tipo de procesos corresponde inicialmente a los entes de control distritales, sostuvo que la “opacidad” del procedimiento lo llevó a solicitar la intervención de la Procuraduría y la UIAF.

El cabildante que impulsa la solicitud explicó que el contrato contempla la cesión onerosa del 100 % de los derechos fiduciarios del fideicomiso San Victorino, con el fin de vincular a un fideicomitente privado responsable de la planificación, financiación y ejecución del proyecto. No obstante, advirtió que varios hitos y requisitos del proceso contractual generan inquietudes que, a su juicio, deben ser evaluadas con rigor por las autoridades competentes.

Entre los aspectos que más preocupan al concejal se encuentra la participación de un único proponente, la empresa San Victorino Centro Internacional de Comercio Mayorista S. A. S. (SAVICOMS), la cual, según afirmó, presenta observaciones técnicas relacionadas con presuntas inconsistencias en sus proyecciones financieras. Estas alertas se evidenciarían en la respuesta al radicado MF_133764, emitida por Alianza Fiduciaria, donde se menciona un incremento abrupto en los ingresos proyectados por concepto de arriendos, que pasarían de 7.101 millones de pesos en 2024 a más de 43 mil millones de pesos en 2025.

El concejal también afirmó que entregará a los organismos de control un chat que, presuntamente, evidenciaría presiones internas dentro del proceso contractual para lograr la firma del contrato en los últimos días del mes de diciembre.

Adicionalmente, señaló que, según información que deberá ser corroborada por las autoridades, en meses recientes se habrían realizado allanamientos por parte de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) en edificaciones del sector, presuntamente relacionados con investigaciones por contrabando. De acuerdo con Cuesta, estos hechos incrementan la preocupación sobre el entorno institucional y comercial en el que se adelanta el proyecto.

Finalmente, el cabildante recordó que denuncias similares ya han sido expuestas por medios de comunicación y actores sociales. Por ello, insistió en que, dada la magnitud económica del proceso, se debería suspender temporalmente la definición del contrato hasta que la Procuraduría y la UIAF realicen una revisión integral. En ese sentido, reiteró que los organismos de control no pueden permanecer ajenos a una situación que, presuntamente, podría comprometer la transparencia y legalidad del proceso contractual.

Paola Martínez Burgos