Denuncias y pruebas de corrupción en la UNGRD: presuntos contratos con el ELN comprometen a altos funcionarios

¿Quién estaría detrás de los contratos?

En el escándalo de corrupción que hoy por hoy vincula a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), las investigaciones darían cuenta de pagos de contratos de maquinaria amarilla que presuntamente estarían relacionados con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Olmedo López, exdirector de la entidad y hoy procesado, declaró que funcionarios del alto gobierno le habrían dado la orden de conceder contratos al grupo subversivo, desatando una ola de cuestionamientos sobre la legalidad y transparencia de dichos contratos.

Por su parte, Carlos Carrillo, actual director de la UNGRD, ha negado categóricamente las acusaciones y ha enfatizado que los pagos se realizaron cumpliendo con todos los estándares financieros regulados. Carrillo sostiene que los contratos fueron adjudicados durante la administración de López y que todos los desembolsos pasaron por el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), lo que impide que recursos del Estado financien actividades ilícitas.

En este mismo caso, la representante a la Cámara por Arauca, Lina María Garrido, del partido Cambio Radical, ha manifestado su preocupación por la ejecución de los contratos otorgados al contratista Jhon Freddy García Beltrán. La parlamentaria ha denunciado que las comunidades de Arauca fueron instrumentalizadas para participar en bloqueos y que muchas de las horas máquina no se ejecutaron adecuadamente, generando dudas sobre la transparencia en la gestión de estos recursos.

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En el marco de esta polémica, Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD y testigo clave, ha revelado audios y chats que implicarían a la representante por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz, Karen Manrique, en la negociación de contratos a cambio de aprobar créditos internacionales. Según Pinilla, el contrato de más de 32 mil millones de pesos para el municipio de Saravena iba a ser manejado por su pareja, Gustavo González Ruiz, evidenciando un supuesto entramado de corrupción que involucra a altos funcionarios del Gobierno.

Así las cosas, la Fiscalía ha recibido pruebas que vinculan a Manrique, quien al parecer habría vendido su voto a cambio de contratos en la UNGRD por 92 mil millones de pesos. Pinilla también ha declarado que recibió presiones por parte de Manrique y de otros intermediarios para adjudicar contratos como una emergencia, a pesar de no haber condiciones que justificaran la decisión.

El actual director de la UNGRD, Carlos Carrillo, ha sido cuestionado por su gestión y por no ofrecer claridad sobre las denuncias presentadas. A pesar de esto, Carrillo ha reiterado su compromiso en la lucha contra la corrupción y ha afirmado que colaborará con la justicia para esclarecer los hechos.

El caso pone de presente la necesidad de una mayor transparencia y control en la adjudicación de contratos públicos, así como la importancia de fortalecer los mecanismos de prevención de la corrupción en el país. La confianza pública en las instituciones está en juego, y es imperativo que las autoridades actúen con diligencia para aclarar estos hechos con prontitud y sancionar ejemplarmente a los responsables. Solo a través de un compromiso firme con la ética y la legalidad se podrá garantizar que los recursos del Estado se empleen en beneficio de todos los ciudadanos y no en intereses particulares, ni mucho menos ilegales.

Juan Joya