Denuncian presunto uso indebido de recursos públicos en promoción anticipada de consulta popular

Sin aprobación del CNE: funcionarios en la mira por presunta estrategia de movilización

En Colombia, los mecanismos de participación ciudadana, como las consultas populares, están regulados por la ley 1757 de 2015, la cual establece los procedimientos y restricciones para su desarrollo. De acuerdo con la normatividad vigente, cualquier campaña de divulgación debe iniciarse únicamente después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haya autorizado el mecanismo y definido los límites de gasto y vigilancia financiera. Sin embargo, recientes denuncias han señalado presuntas irregularidades en la promoción de la consulta popular impulsada por el gobierno nacional antes de su aprobación formal. 

El representante a la cámara, Óscar Villamizar, ha señalado a Gustavo Bolívar, director del departamento de prosperidad social (DPS), y a Jaime Dussan, presidente de Colpensiones, por supuestas acciones de promoción anticipada. Según el congresista, ambos funcionarios habrían organizado eventos donde distribuían material propagandístico y habrían presionado a empleados públicos para participar en las movilizaciones del 1 de mayo. 

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Uno de los hechos mencionados en las denuncias ocurrió en soledad, atlántico, donde bolívar habría participado en actividades ciudadanas promoviendo el apoyo a la consulta. Según testigos, durante el evento se entregaron kits con camisetas, gorras y termos con mensajes a favor de la iniciativa gubernamental. Asimismo, videos que circulan en redes sociales muestran a bolívar formulando preguntas al público con el propósito de incentivar respuestas afirmativas sobre la reforma laboral que se busca respaldar mediante el mecanismo de consulta. 

Las acusaciones también involucran a Colpensiones, entidad cuyos funcionarios habrían recibido correos instándolos a participar en las marchas con material propagandístico de la consulta popular. En algunos casos, según denuncias recogidas por medios nacionales, se habría ejercido presión sobre empleados temporales para garantizar su asistencia. Desde sectores opositores, estas acciones han sido calificadas como una estrategia irregular, dado que el CNE no ha autorizado la promoción del mecanismo ni definido los parámetros financieros de su implementación. 

De acuerdo con la legislación electoral vigente, el CNE establece límites de gasto para campañas relacionadas con mecanismos de participación ciudadana, los cuales, para esta consulta, alcanzarían los $6.406.752.553. No obstante, se ha señalado que la administración nacional estaría recurriendo a la conformación de comités ciudadanos como una estrategia para eludir la supervisión de la autoridad electoral. Expertos en derecho electoral advierten que cualquier intento de evadir la regulación financiera y de promoción podría acarrear sanciones para los responsables. 

Este caso ha generado un amplio debate sobre el uso de recursos públicos en actividades políticas y la importancia de reforzar los mecanismos de control electoral. Mientras avanzan las investigaciones, diversos sectores han solicitado una revisión rigurosa del proceso para garantizar el cumplimiento de la normativa y la transparencia en la promoción de mecanismos de participación ciudadana. 

Juan Joya